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Júbilo entre activistas de DD.HH. por condena a ex dictador de Uruguay

Montevideo, AFP

La condena a 30 años de prisión contra el octogenario ex dictador uruguayo Juan Bordaberry regocijó el jueves a defensores de derechos humanos, que consideraron que el caso sienta un  antecedente en los juicios por golpes de Estado en América Latina.

“Para nosotros el tema es muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar”, dijo la abogada denunciante Hebe Martínez Burlé.

Bordaberry, de 81 años, que cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud, tiene pendiente otro proceso como coautor de homicidio por la ejecución de cuatro uruguayos en Argentina en 1976.

La jueza Mariana Motta lo condenó en primera instancia a 30 años de prisión con la opción de prorrogar la pena a otros 15 años (esto si lo decide la Corta Suprema).

La condena -que será apelada por la defensa de Bordaberry- es por “un delito de atentado contra la Constitución, (…) con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político”, según el fallo al que accedió AFP.

Esto “nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución”, dijo Martínez Burlé. “Las condenas han sido siempre por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero nunca por dar un golpe de Estado”, agregó.

Las juntas militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura  (1976-1983) fueron condenadas por violaciones de los derechos humanos, mientras que el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) fue procesado por delitos de corrupción y de lesa humanidad.

Bordaberry ganó las elecciones presidenciales en Uruguay de 1971, en medio de violencia política por el accionar de la guerrilla izquierdista tupamara y la represión de las fuerzas del Estado.

 Asumió el gobierno en marzo de 1972 y en junio de 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar una dictadura. Los militares lo destituyeron en 1976 y continuaron en el poder hasta 1985.

 El saldo de la dictadura uruguaya fue 38 desaparecidos en Uruguay, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la Comisión para la Paz creada en el año 2000.

Javier Miranda -hijo de Fernando Miranda, desaparecido en 1975, cuyos restos fueron hallados en 2005- dijo que la sentencia “sin duda es ejemplificante y ejemplar, y es interesante desde el punto de vista simbólico para la construcción del ‘nunca más’.”

“La condena tiene una función pedagógica: la sociedad no está dispuesta a tolerar golpes de Estado”, afirmó Miranda, abogado de profesión e integrante de la organización ‘Familiares de detenidos-desaparecidos’.

“Levantarse hoy con el festejo de los 20 años de la liberación de (Nelson) Mandela y la noticia de esta condena hace que uno diga: ‘Ves que podemos seguir luchando contra el despotismo’ ”, agregó.

El fallo también demuestra que “los caminos están abiertos pese a que sigue vigente la Ley de Caducidad”, valoró.

Esa ley, ratificada en dos plebiscitos (1989 y 2009), evitó enjuiciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos pueden ser objeto de proceso.

Pese a la norma, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión, así como el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) y ahora Bordaberry.

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