El Instituto Nacional de Migración informó que el joven migrante había sido detenido el jueves pasado en Michoacán. Foto: Captura portal Telemundo
El posible suicidio de Ángel T., de 24 años, sería el segundo caso de ecuatorianos que se quitan la vida durante su travesía como migrantes indocumentados hacia EE.UU.
Ocurrió en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de la ciudad mexicana de Morelia (Michoacán).
El hecho sucedió el sábado último, casi un año después del suicidio de Noemí, de 12 años. Ella se ahorcó en una casa albergue de Ciudad Juárez, luego de haber sido rescatada de un traficante de personas.
Según el INM, él se encontraba entre los 33 centroamericanos detenidos el 5 de marzo en la caseta de peaje de Zinapécuaro de la autopista México-Guadalajara. Su cuerpo fue hallado a las 06:30 en el baño de varones por un grupo de guatemaltecos que trataron de auxiliarlo. Según medios de ese país, el joven se habría colgado con una bufanda.
“Todavía no tenemos mucha información. Ya estamos investigando para saber cuáles fueron los motivos para que tomara la decisión de suicidarse”, explicó Humberto Cordero, subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante, en una entrevista telefónica.
Tras la muerte de Noemí, la Fiscalía señaló que ella se ahorcó luego de haber sido abusada sexualmente. La menor era de una comunidad indígena en El Tambo (Cañar). En febrero del 2014 realizó su segundo intento para reunirse con sus padres migrantes en Estados Unidos.
“Estamos a favor de la libre movilidad, pero estos hechos debe hacernos reflexionar sobre los riesgos y condiciones que enfrentan nuestros compatriotas en el camino hacia EE.UU.”, dijo Cordero.
Detalló que durante toda la mañana de ayer (8 de marzo) se corroboraron los datos personales del ecuatoriano en el Registro Civil y en Migración. “Está comprobado que se trata de la misma persona y es de Guamote”.
Tras conocerse la noticia, los habitantes de este cantón de Chimborazo prefirieron no hablar. Hay mucha tensión.
El sábado 7 de marzo, la autoridad migratoria de México dio aviso al Ministerio Público Federal y del Fuero Común, al Servicio Médico Forense, “así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se realizaran las investigaciones para determinar las causas de la muerte del ecuatoriano”.
En el caso de Noemí, las indagaciones permitieron que autoridades de México y Ecuador identificaran una red de traficantes de migrantes, que tenía entre sus víctimas a mujeres y menores a las que atacaba sexualmente. 42 personas están imputadas.
Cordero explicó que a través del Viceministerio de Movilidad Humana se dará apoyo a la familia del joven, para la repatriación del cuerpo. Al igual que en el caso de Noemí, se abrirá una investigación para dar con el paradero de las personas que lo ayudaron a salir del país sin documentos.
Según medios mexicanos, anualmente unos 200 000 inmigrantes de Latinoamérica ingresan sin documentos a ese país para ir a buscar una mejor vida en Estados Unidos.
Indígenas sancionaron a familiares de Noemí
En El Tambo, el pueblo en donde vivía la menor, los indígenas del pueblo Cañari armaron un tribunal. Durante 120 días se recabaron versiones de las compañeras de la escuela de Noemí, de vecinos y familiares, dentro y fuera del país.
La investigación tomó cuatro meses. El Tribunal de Justicia Indígena quería aclarar su muerte. 12 jueces participaron en el proceso. Anastasio Pichizaca estuvo al frente. Y en ese juicio incluso se hicieron videoconferencias con los padres de Noemí.
Las autoridades de la comunidad conocieron que hubo miembros de la familia de la niña involucrados en la riesgosa travesía. Por eso, incluso, indagaron a dos tíos-abuelos.
El falló llegó y los comuneros señalaron culpables y grados de responsabilidad. Para ellos, los principales responsables de esta muerte fueron los padres de la menor: José y Martha. “Ellos admitieron que insistieron, presionaron y pactaron el viaje con un coyote de México, para que se llevara a su hija como indocumentada”, dice Pichizaca. “Es la forma más riesgosa para una menor”.
Cipriano, el abuelo materno, y Jesús, la abuela, fueron mencionados como “segundos culpables”, porque aparentemente entregaron a la niña en manos de desconocidos y por no denunciar lo que pasaba.
Pero ambos dijeron que se opusieron al viaje y que por eso discutían con los padres. Ahora los dos están fuera del pueblo.
Según ese Tribunal, como tercero y cuarto culpables están los tíos-abuelos de la menor, Manuela A. y Raúl H.
A la tía señalaron, porque supuestamente aceptó ayudar a su sobrina, es decir, a la mamá de Noemí, para tramitar los documentos de la niña, comprarle ropa para el viaje y los pasajes dentro del país. Como prueba -según el Tribunal- hay un giro de USD 2 000 a su nombre.
“Pero ella no es coyote como indican en la justicia ordinaria”, aclara Zoila Nivelo, la dirigente que también participó en ese juzgamiento. “Manuela aceptó ayudar en los trámites internos por las presiones de la misma sobrina, y por eso es responsable”. Ese fallo se conoció en julio pasado y fueron sometidos a los castigos impuestos por el Tribunal de Justicia Indígena.
Por la edad avanzada, los abuelos recibieron una limpia de purificación con agua fría.
Los tíos-abuelos fueron ortigados y bañados con agua helada. Pero además, ellos deben cumplir trabajos comunitarios por seis y cuatro años, respectivamente, sin salir para nada del pueblo. Esas tareas son el cuidado de ancianos y niños, limpieza de casas, siembra de árboles, participar en mingas.
La sanción para los padres de Noemí quedó pendiente, porque están fuera del país.