José Santos (en el monitor) declaró en la Corte Nacional que pagó coimas al vicepresidente Jorge Glas a través de su tío Ricardo Rivera. Foto: Archivo/EL COMERCIO
La exclusión de los cuatro exdirectivos de Odebrecht del juicio por asociación ilícita eliminó la posibilidad de que estos exfuncionarios paguen una indemnización al Estado.
Los abogados de quienes sí fueron acusados consideran que el dictamen fiscal deja en la impunidad todos los actos ilícitos perpetrados por José Conceição Santos, Claudemir Simoes, Ricardo Vieira y Mauricio Grossi en Ecuador.
Víctor Velástegui, defensa de Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte en Petroecuador y uno de los 13 acusados en el delito de asociación ilícita, explica que al no haber una acusación en contra de los exdirectivos, estos no deberán cancelar las multas económicas que fija el Código Integral Penal por cualquier delito.
En Brasil esto sí ocurrirá. En diciembre de 2016, el Supremo Tribunal Federal de ese país condenó a Conceição Santos a ocho años de cárcel. Además le impusieron el pago de cinco millones de reales (USD 1,5 millones) como indemnización, 22 horas mensuales de servicios comunitarios y la confiscación de todos sus bienes.
Ayer, 13 de noviembre de 2017, EL COMERCIO accedió y revisó la sentencia. Para fijar la pena, el Tribunal tomó en cuenta el acuerdo de delación premiada que Santos suscribió con la justicia de su país. Ese convenio penal le benefició de una rebaja en la condena. Las autoridades judiciales comprobaron que su testimonio fue verificable y real.
El Supremo también dice que él fue juzgado “principalmente” por los actos perpetrados en el Ecuador. Y añade que “aunque se ha informado de prácticas de corrupción en territorio extranjero, estas también violaron los bienes jurídicos sobre los cuales incide la legislación penal brasileña…”.
El fiscal general Carlos Baca citó esta sentencia para excluir del juicio a Santos. Y mencionó el principio ‘Non Bis In Ídem’, una regla universal que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Sobre los otros tres exdirectivos, el fiscal dijo que “no se ha podido establecer con claridad y certeza su participación en el delito de asociación ilícita”.
Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, considera que la Fiscalía no busca sancionar a Odebrecht y cuestiona que Santos no haya entregado ningún tipo de indemnización al Estado, pues sus bienes confiscados están en Brasil.
Eduardo Franco Loor, abogado del Segundo Mandatario, también rechaza la decisión de la Fiscalía. A través de su cuenta de Twitter, el defensor señaló que los hechos delictivos de Santos en Brasil no son los mismos hechos que los ocurridos en el Ecuador. “Tiempos diferentes, personas diferentes. ¡Qué escandaloso! “Nos parece indignante y vergonzoso que no se lo acuse”, escribió en la red social.
Pero el exlegislador César Montúfar, quien interviene en el proceso de asociación ilícita como acusador particular, señala que la ‘reparación’ sí está garantizada a través del acuerdo de cooperación firmado entre la Fiscalía y Odebrecht (las cláusulas son reservadas).
El exasambleísta reconoce que la decisión de la Fiscalía, de absolver a los brasileños, “garantiza” la cooperación de los delatores en los demás actos que faltan por investigarse. “Hay dos grandes obras que todavía no se topan: Toachi-Pilatón y San Francisco”, comentó.
El 10 de junio pasado, la Fiscalía informó que llegó a un acuerdo “macro” de cooperación con la constructora y con actuales ejecutivos y exdirectivos procesados en Brasil.
En esa ocasión, Baca dijo que el convenio permitía a la Fiscalía acceder a todas las evidencias y contar con la colaboración de los ejecutivos que participaron en la red de corrupción. Y aclaró que el pacto no les concedía “inmunidad”.
La semana pasada, durante la audiencia de dictamen fiscal, la Procuraduría no se opuso a que los cuatro exdirectivos fueran absueltos. Sin embargo, en septiembre, el organismo presentó una acusación particular en contra de las 18 personas imputadas inicialmente.
En su acusación, la Procuraduría sostuvo que Santos, Vieira, Grossi y Claudemir “habrían mantenido una red de corrupción” y que como apoderados firmaron contratos que ahora son observados.
Hoy se conoce fallo
En medio de estos hechos, esta tarde, a las 15:00, el juez Miguel Jurado anunciará si llama o no a juicio a los 13 sospechosos acusados por la Fiscalía la semana pasada, entre estos el Segundo Mandatario.
En esa diligencia, Baca dijo que Glas, su tío Ricardo Rivera, y los otros 11 imputados fueron “autores” en el delito de asociación ilícita. Además, el funcionario aseguró que el Vicepresidente supuestamente recibió USD 13,5 millones en sobornos, a través de su familiar.
La noche del domingo 12 de noviembre, desde la cárcel, Glas pidió el apoyo de los militantes de Alianza País y dijo que buscan sacarlo de la Vicepresidencia.
En contexto
La Fiscalía actualmente mantiene activos cinco procesos en fase pública de investigación. Se indagan delitos de asociación ilícita, lavado de activos, captación ilegal de dinero, y concusión. Hay más de 20 personas investigadas en estos delitos.