25 de julio de 2018 18:51

Jorge Corozo dice que linchamiento mediático y la Supercom se eliminan en reformas a Ley de Comunicación

Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH, estuvo en la Asamblea. Foto: Diego Puente/ EL COMERCIO

Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH, estuvo en la Asamblea. Foto: Diego Puente/ EL COMERCIO

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Redacción Política
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El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, dijo que la figura de la linchamiento mediático y de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) ya no están tomadas en cuenta en el borrador del informe para reformar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según Corozo, la mayoría de la mesa aprobó la eliminación de la Supercom del nuevo articulado tras una sesión que se declaró como reservada. Pero la legisladora Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, lo negó. Dijo que todavía no llegan a ese punto en la Ley. Al momento, los asambleístas han tratado los primeros 27 artículos. La normativa específica sobre la Supercom está en el artículo 55.

En la sesión que se realizó la tarde de este miércoles 25 de julio del 2018, se aprobó además eliminar la figura de linchamiento mediático. Para la asambleísta Jeannine Cruz, de Creo, es un logro ya que esta figura –a su criterio- se prestó para perseguir a periodistas y medios de comunicación.

De parte de la Revolución Ciudadana se buscaba cambiar el concepto de linchamiento mediático por el de “real malicia”. Esta figura buscaba determinar que una persona ha sido vulnerada en sus derechos por información falsa. La propuesta no pasó.

En el mismo debate se decidió mantener las figuras de réplica y rectificación. En la Ley vigente se señala que en caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) podrá disponer medidas administrativas. Esto se cambia en el borrador para primer debate.

La facultad de decidir si hubo información imprecisa recaería en un juez o en la Defensoría del Pueblo, señaló Cruz. Para ella, una supuesta afectación a un ciudadano podría ventilarse en la justicia ordinaria y no en un ente subordinado al Ejecutivo de turno.

Visita del Relator especial de la CIDH


Horas después, se recibió en comisión general a Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él está de acuerdo con que se suprima el carácter de servicio público de la comunicación, en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se tramitan en la Asamblea Nacional.

“La libertad de expresión incluye a la comunicación, que es una manifestación humana como tantas otras, y no puede ser considerada un servicio público y los medios de comunicación tampoco pueden ser considerados prestadores del servicio público”, señaló Lanza a su ingreso a la Comisión de Derechos Colectivos del Legislativo.

La posición del Relator Especial es parte de una respuesta a la consulta que hizo el Ejecutivo. Para Lanza, se debe mantener y defender el estatus de derecho humano de la comunicación ya que al considerarla como servicio público es sujeta de regulación por parte del Estado.

Lanza entregó un documento a la Asamblea y otro a la Cancillería para que llegue a manos del Ejecutivo con la posición del organismo.

La Relatoría prevé venir al país entre el 20 y 24 de agosto para participar de mesas de trabajo para constatar la realidad de la libertad de expresión. “Vamos a tener una evaluación más definitiva sobre la situación. Sobre la herencia que tiene Ecuador. Las afectaciones que hubo han tenido un efecto en el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo y a los medios que habrá que evaluar y que eventualmente habrá que reparar de algún modo”.

En otros puntos del orden del día se anunció la presencia de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio; y de Pablo Celi, contralor general del Estado, para que emitan sus observaciones a las reformas. Sin embargo, las dos autoridades no llegaron al Legislativo.

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