14 de agosto de 2018 00:00

Jéssica Jaramillo pide que se indague ataque sexual dentro del caso Gabela

Jéssica Jaramillo habló del tercer informe elaborado por el perito Roberto Meza y de la agresión sexual que sufrió en Esmeraldas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El 2015 apenas comenzaba. Era el 8 de enero. 19:45. A esa hora fue violentada sexualmente Jéssica Jaramillo. El ataque se perpetró en Tonsupa, Esmeraldas. Dos hombres armados la interceptaron cerca de la playa, mientras ella buscaba algo de comer junto a un compañero. Por cerca de dos horas, los desconocidos la golpearon, la insultaron y abusaron sexualmente de ella.

Tres años y ocho meses después recuerda cómo los hombres la obligaron a caminar en la playa sin su vestimenta. No olvida el momento en que su compañero les quitó el arma y gritó que corriera. A pesar de que sus piernas no le respondían, la mujer, de 33 años, se puso de pie y corrió hasta una pequeña casa de madera.

Allí la ayudó una abuelita. Con agua y tela le limpió el rostro lleno de arena y lágrimas.

Otra persona que estaba cerca la cubrió con una camisa y le puso una pantaloneta.

Desde entonces, la justicia no ha encontrado a los responsables. Las investigaciones fiscales tampoco han avanzado.

De hecho, en el expediente solo reposa la denuncia, un examen médico y un parte policial. Recién en junio pasado se solicitó a Jaramillo la primera versión anticipada.

La convocatoria llegó después de que ella compareciera en la Fiscalía por el caso Gabela, pues fue la última administradora del contrato que el Ministerio de Justicia suscribió con el perito argentino Roberto Meza, para que se indagara el crimen del exjefe de la FAE.

Ahora, el informe final de Meza está desaparecido.

La Comisión Ocasional de la Asamblea, que indaga el caso Gabela, también pidió su comparecencia en julio pasado, para hablar del informe final.

Allí, Jaramillo pidió que se investigue si el ataque sexual del que fue víctima tiene relación con el caso Gabela.

La denuncia la sustentó con base en tres sospechas. La primera tiene que ver con una serie de llamadas que recibió, antes de la agresión sexual, por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia.

Según Jaramillo, los contactos ocurrieron tras su salida de esa Secretaría de Estado, en noviembre del 2013. En las llamadas le pedían que fuese al Ministerio para hablar del trabajo realizado por Meza.

La segunda sospecha está relacionada con los agresores. Jaramillo dice que en el ataque, los desconocidos no le robaron, pero decían que la matarían. “Si no es porque mi compañero logró desarmarlos, no sé lo que me hubieran hecho. Todo es muy raro”.

La última sospecha tiene relación con hechos después de la agresión. Funcionarios de Justicia la buscaron y le dijeron que no aparecía el tercer informe. Y, reiteradamente, le preguntaban en dónde estaba el documento. Asegura que la contactaban incluso cuando estaba en Europa, donde viajó por una maestría.

Estos datos fueron entregados a la Asamblea. Ahora, Jaramillo pide que la Fiscalía también investigue el ataque sexual. “No sé si tiene que ver con el caso Gabela, pero quiero que la justicia investigue y determine si mis sospechas son reales o no”.

En el 2016, la exfuncionaria interpuso una demanda en contra del Estado en la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH). La acción la presentó por “falta de acceso a la justicia”, pues no hay sospechosos identificados ni indicios de las causas por las cuales fue agredida. Tampoco se cuenta con pericias de ADN ni con versiones de testigos.

La demanda internacional está en una fase de admisión. Ahora, la vida de Jaramillo cambió. Tiene una niña de 8 meses y es abogada en libre ejercicio. Además, dirige una fundación que lleva su mismo nombre y defiende a las víctimas de agresiones sexuales y violencia intrafamiliar.

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