Iván Espinel está detenido desde el pasado 7 de abril, en Guayaquil, por orden judicial. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, sumó este viernes, 27 de abril del 2018, una segunda prisión preventiva en su contra por un presunto caso de peculado. Darwin Valencia, juez de Garantías Penales, acogió ese pedido de la Fiscalía, en el que también se señala a otras 12 personas en ese delito.
Enry Bazurto, fiscal de la Unidad de Administración Pública, presentó durante la audiencia de formulación de cargos los documentos que demostrarían la participación del también excandidato presidencial.
Según el fiscal, la Contraloría del Estado remitió a la Fiscalía, en octubre del 2016, un informe con indicios de responsabilidad penal contra Espinel, cuando se desempeñaba como subdirector de Control de Seguros de Salud y director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El informe corresponde al período del 1 de julio del 2012 al 31 de agosto del 2015.
Por este caso, la Fiscalía indaga un presunto sobreprecio y el pago de facturas emitidas por médicos de clínicas privadas por la atención prestada a afiliados del IESS. El perjuicio económico al Estado ecuatoriano sería de más de USD 40 millones, según el informe.
La audiencia se realizó en el complejo judicial Valdivia Sur, de Guayaquil. El juez también dictó prisión preventiva en contra de Diego H.; y dispuso medidas cautelares de prohibición de salida del país contra otras 11 personas investigadas por presunto peculado. Además, se ordenó la prohibición de enajenación de bienes.
Bazurto dijo que Espinel y Diego H. tenían la obligación de precautelar los dineros de los asegurados, pero no hubo control en el momento de verificar que lo que se estaba facturando era lo que se establecía en el tarifario del Ministerio de Salud Pública.
“Pasaban facturas fuera del tarifario, es por eso que la Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal y la Fiscalía ha formulado cargos. Ahora se ha designado un perito para que establezca el valor real que se ha ocasionado (en perjuicio) al Estado”.
Espinel y los otros 12 implicados no estuvieron presentes en la jornada, sus defensores los representaron. El exministro está recluido desde el pasado 7 de abril, cuando fue detenido en las afueras de un centro comercial en la vía a Samborondón, en un operativo liderado por la Fiscalía por un presunto lavado de activos.
Vanessa Zavala, abogada de Espinel, dijo el viernes, 27 de abril, que el fiscal no pudo justificar en este segundo caso cuál es la formulación de cargos o cuál es el hecho que se le está imputando a su cliente.
“El señor juez ha acogido el pedido de prisión preventiva por el simple hecho de que pesa otra prisión preventiva en contra de mi cliente, lo cual no justifica constitucional ni legalmente el hecho de que se haya dictado una nueva prisión”, dijo Zavala.
Luego de la audiencia, la defensa de Espinel presentó la apelación e impugnación, que será analizada en los próximos días por la Función Judicial. El delito de peculado, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años.
Por el primer proceso la jueza de Garantías Penales, Paola Dávila López, le dictó prisión preventiva por su presunta participación en el delito de lavado de activos, a partir de un informe de operaciones inusuales presentado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), adscrita al Consejo contra el Lavado de Activos. Según ese reporte, se determinó que Espinel supuestamente tuvo ingresos por USD 378 000, pero sus gastos fueron de más de USD 669 000, registrando una diferencia de USD 291 000 sin justificar. Esta investigación fue iniciada por la fiscal Ivonne Proaño, miembro de la UAFE.
La defensa del exministro informó que para el próximo 2 de mayo se fijó la audiencia de revisión de la prisión. La diligencia se realizará en la Sala Especializada de lo Penal, en la Corte de Guayaquil.
En contexto
Iván Espinel renunció en diciembre pasado al Ministerio de Inclusión Económica y Social; desde el pasado 7 de abril está detenido por presunto lavado de activos, tras un informe que elaboró la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía.