Ruth Palacios señaló que la única entidad que puede firmar acuerdos con sospechosos es la Fiscalía.. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
La Fiscalía arrancó la investigación. La idea es descubrir la identidad de 17 testaferros, que habrían prestado sus nombres para ocultar los bienes adquiridos ilegalmente por altos exfuncionarios del correísmo.
Este jueves 31 de enero del 2019, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, informó que dentro de este caso llamó a declarar a Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia de la República.
“El señor Granda ha hablado de testaferros y con base en eso vamos a investigar quiénes son”, explicó en una rueda de prensa que duró cinco minutos.
Palacios aclaró que Granda no es investigado, y que simplemente espera que “rinda su versión y entregue las evidencias a las que hace referencia, en cuanto a los acuerdos escritos que dice haber firmado con 17 testaferros y también (declare) sobre los acuerdos verbales”.
La reacción de la Fiscalía se da luego de que Granda indicara que la Subsecretaría ha logrado acuerdos verbales y por escrito con “algunos” prestanombres.
A través de estos entendimientos, ellos se comprometen a colaborar con la justicia y a revelar la red de corrupción.
Pero Granda dijo que esto se concretará después de que se apruebe la Ley Anticorrupción y de Protección al Denunciante, que impulsa el Ejecutivo. Con esa norma obtendrán protección y beneficios legales. La versión del funcionario fue señalada para las 15:00 de ayer. Pero no llegó, pues se encontraba en Cuenca. 15 minutos después, la Fiscalía lo convocó por segunda vez.
La cita fue fijada para este viernes, 1 de febrero del 2019, a las 14:30. Por escrito le pidió que entregara “toda la documentación” e información que posea sobre el caso.
En la tarde, el funcionario escribió en su cuenta de Twitter que “vivimos en democracia” y que “la separación de funciones es fundamental”.
En esa plataforma digital adelantó que acudirá “a cualquier llamado de otros poderes del Estado -en el marco de sus competencias- que requieran información de mi trabajo”.
La base legal para actuar
El lunes pasado, 28 de enero, Granda explicó que los acercamientos con los testaferros se enmarcan en una política trazada por el presidente de la República, Lenín Moreno: luchar contra la corrupción y recuperar activos producto de actos ilícitos.
Explicó que para lograrlo el Estado cuenta con la asistencia de la denominada Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados por Corrupción (STAR, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial y de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc).
“(La iniciativa) tiene como fin una mesa de cooperación en donde estamos todas las propuestas del Estado, en donde establecemos procesos de cooperación, flujo, procesos de información y demás. Cada uno actuamos desde nuestras competencias”, dijo Granda, y agregó que la Fiscalía sí es parte de este equipo llamado Grupo de Enlaces Interinstitucionales de Recuperación de Activos (Geira).
En cambio, este jueves, la fiscal Palacios indicó haber conocido sobre los acuerdos de cooperación con los supuestos testaferros a través de notas de prensa. “Reitero y exhorto que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar los hechos de manera inmediata en la Fiscalía”. Y aclaró que ningún convenio por fuera de la Fiscalía tiene validez.
La cooperación
El trámite de cómo se aplica la cooperación eficaz se establece en el Código Integral Penal (COIP), artículo 491.
La norma explica que esta figura se aplica cuando una persona procesada suministre datos, bienes o información precisa y comprobable. Esta información se aplicará en tres aspectos: para esclarecer los hechos, para identificar a los responsables y, tercero, para “prevenir la consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad”. A cambio, la ley permite reducir las condenas en un 80 y 90%, dependiendo del tipo de colaboración y la relevancia que tenga el caso.
Para Palacios, estos beneficios deben aplicarse bajo un marco legal y por eso recordó ayer que “la Fiscalía es la única que tiene la titularidad de la acción penal”. O sea, es responsables de investigar el ilícito.
De hecho, esta es la segunda vez que la Fiscal aclara que las investigaciones penales son competencia exclusiva de este organismo. La primera vez lo hizo cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) acordó con el empresario Tomislav Topic la entrega de USD 13,5 millones de Odebrecht.
En este caso, Palacios también señaló que el convenio se hizo sin el conocimiento de la Fiscalía y subrayó el documento, en donde dice que Topic pagará “de acuerdo con el flujo de caja”. Entonces, aseguró que eso es solo un ofrecimiento.
¿Qué pasa si Topic no cumple con este acuerdo? ¿Cómo queda la Subsecretaría? Granda respondió esto: “Nosotros hemos cumplido nuestro deber; ahora le corresponde a la Fiscalía establecer los mecanismos, las condiciones y acciones en función de la competencia, hacer algo más de nuestra parte sería extralimitarnos en las competencias”. También indicó que la Subsecretaría de Acción Política actúa de buena fe y “con el principio de legitimidad que nos ampara”.
El trámite de la Ley
El miércoles, la Comisión de Justicia de la Asamblea analizó los 10 artículos y las cinco disposiciones que contiene la Ley Anticorrupción y de Protección del Denunciante.
Durante la elaboración del borrador para el segundo y definitivo debate en el Pleno, los legisladores argumentaron que hay artículos que modifican al COIP y que deberían ser tratados dentro del paquete de reformas a la norma penal.
El legislador Franklin Samaniego hizo además una observación al artículo 3 de la propuesta, con el que se pretende reformar la Ley Orgánica de Servicio Público.
Con esto, se establecen beneficios y protección a funcionarios que delaten los actos de corrupción.
Sobre esto, Samaniego recordó que los beneficios deben otorgarse únicamente después de que se compruebe que la información es verdadera.
Los beneficios
A quienes ayuden a recuperar el dinero de la corrupción se les entregará el 20% del total, siempre que no hayan participado en el delito.
A los funcionarios que denuncien se les dará un reconocimiento, podrán solicitar traslados administrativos y licencias con remuneración.
A las personas que sean parte de una red de corrupción se les permitirá firmar acuerdos de cooperación eficaz con la Fiscalía.
Las Propuestas
11 iniciativas anticorrupción han llegado a la Asamblea Nacional
1. Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, para recuperar dineros malversados.
2. Proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, para recuperar dinero de la corrupción.
3. Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, para traspasar bienes incautados a nombre del Estado, aun sin que haya una condena.
4. Eliminar el informe de la Contraloría, para que Fiscalía abra indagaciones por peculado y enriquecimiento ilícito.
5. Aumentar sanción por tráfico de influencias.
6. Declarar la muerte civil de los sentenciados, para que no puedan ser servidores ni candidatos a una dignidad.
7. Sancionar intento de cohecho entre privados.
8. Impedir contratación con firmas corruptas.
9. Crear la figura de ‘investigación compleja’, para agilitar procesos.
10. Tipificar la corrupción como un delito.
11. Impedir la destitución de servidores judiciales, para que los operadores puedan actuar.
