Iván Granda, presentó formalmente una denuncia por el pago de USD 9,1 millones en supuestos sobornos a funcionarios públicos, entregados por la constructora OAS, que en el 2012 estuvo a cargo de los proyectos multipropósito Baba y Carrizal-Chone. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La fiscal general encargada, Ruth Palacios, y el secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, informaron este miércoles 6 de marzo del 2010, nuevos detalles sobre su viaje a Brasil respecto a la trama de corrupción que montó Odebrecht.
Palacios dijo que en la Fiscalía hay 11 investigaciones sobre el caso Odebrecht y que se han manejado de forma separada. Ahora las indagaciones se unificarán gracias a que la Procuraduría de Brasil levantó la cláusula que impedía compartir pruebas entre expedientes. Según Palacios, ese fue uno de los objetivos del viaje.
Además, en los próximos días se recogerán, por videoconferencia, las versiones de Luiz Mameri y José Santos, exejecutivos de Odebrecht. Estás declaraciones se harán en presencia de los 11 fiscales que tienen expedientes Odebrecht para que cada uno formule preguntas según la línea de investigación que realiza y así lograr que los casos avancen.
En todos los expedientes es investigada la empresa Odebrecht. Sin embargo, Palacios aclaró que es posible que en el país no sean procesados sus directivos, pues ya cumplen condenas en Brasil.
Por su parte, Granda, presentó formalmente una denuncia por el pago de USD 9,1 millones en supuestos sobornos a funcionarios públicos, entregados por la constructora OAS, que en el 2012 estuvo a cargo de los proyectos multipropósito Baba, mientras que Carrizal-Chone fue construida por Odebrecht.
Se trata de una pesquisa que se desprende de la trama Odebrecht, ya que las dos empresas realizaron proyectos en común en América Latina.
Granda dijo que, si bien ya se conocían algunos datos sobre la red de corrupción de OAS, lo nuevo es que ahora la Fiscalía cuenta con la delación judicial de Alexandre Portela Barbosa, exdirectivo de esa empresa, que “fue tomada el mes pasado”.
Respecto al contrato que en el 2017 firmó Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, con el bufete brasileño Tozzini Freire Abogados para conocer información sobre el caso Odebrecht, este documento no se encuentra en la Presencia ni en la Procuraduría.
“Alexis Mera deberá responder a la Justicia”, dijo.
Además, Granda indicó que tiene indicios sobre una posible actuación irregular sobre el manejo de los documentos del caso Odebrecht que llegaron al país en la primera asistencia penal de junio del 2017. “Cuando lo corroboremos informaremos al respecto”.