Iván Granda es el actual ministro de Inclusión Económica y Social. Foto: Archivo / EL COMERCIO
¿Cómo evalúa su trabajo frente a la Secretaría Anticorrupción?
Estuve ocho meses tuve 26 funcionarios a mi cargo. Al último llegamos a 48. Tuvimos la oportunidad de establecer un sistema de prevención anticorrupción con la ISO antisoborno 37 001 que cuentan con el apoyo de municipios y empresas públicas y privadas. También lo tiene el Sistema de Contratación Pública. Tenemos los primeros avances del Observatorio de la Corrupción que va a plantear tener data.
¿Es necesaria una revisión de la Ley de Contratación Pública?
Hay que revisar. Inclusive Silvana Vallejo, directora del Servicio de Obras Públicas, ha planteado varias propuestas y se cambiaron varias resoluciones que permitían discrecionalidad en el ejercicio de la contratación pública. El sistema de corrupción del Gobierno anterior se basaba también en leyes y normativa que permitían vacíos, contradicciones o normas abiertas que tenían que ser perfeccionadas.
¿Qué hicieron para impedir estos vacíos?
Planteamos a nombre del Presidente de la República la posibilidad de tener jueces anticorrupción a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Planteamos la Ley de Extinción de Dominio. Si bien la Asamblea no aprobó el tema de incautación creo que fue importante que apruebe el comiso sin sentencia.
¿En qué casos específicos estuvo presente la Secretaría anticorrupción?
Unos casos locales Coopera, Austrogas, el Festival Artes Vivas de Loja, el del Hospital Pablo Arturo Suárez, el caso de la Fundación Eloy Alfaro. Y casos más grandes como la Acería Xinlong o María Sol Larrea. También estuvimos en temas más puntuales. Se ha establecido 11 denuncias que están en indagación previa de casos importantes como Yachay, Constructora Oas, y otros.
¿Qué quedó pendiente?
Me parece importante que pudimos plantear el hecho de que la Secretaría Anticorrupción recupere la posibilidad de ser la representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Existen 57 recomendaciones en el marco de la convención de la OEA frente a temas de delitos o actos de corrupción que se han empezado a trabajar, 22 acciones se han cumplido y el resto le corresponde a las autoridades que ahora están a cargo y deben cumplirse hasta marzo.