20 de agosto de 2019 00:00

La ‘Súper’ plantea bajar IVA en pagos electrónicos

Ruth Arregui (d), superintendenta de Bancos, presentó ayer una iniciativa de reforma. Foto: Evelyn Tapia / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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Un proyecto de ley para reformar el Código Monetario y Financiero está desde el pasado 6 de agosto en manos de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera.

Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, está al frente de esta iniciativa para cambiar este cuerpo legal, en vigencia desde 2014. Ayer 19 de agosto del 2019, Arregui dirigió un conversatorio en el que dio detalles de los cambios que plantea la entidad.

Una de las propuestas es impulsar la inclusión financiera. Para ello, el organismo plantea reducir puntos en el IVA, en un monto aún por definir, para las personas naturales y empresas que utilicen medios de pago electrónico, tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas. En cambio, las pequeñas, micro y medianas empresas que utilicen esos sistemas digitales podrán reducir el impuesto a la renta a pagar, en un monto aún por establecer.

Según la Superitendencia, aún no hay fecha para entregar el documento a la Asamblea. Otro de los puntos claves del proyecto es reestructurar a la actual Junta, creada en 2014 con la emisión del Código.

El organismo tiene 54 atribuciones, entre ellas, establecer los cargos por los servicios que presten las entidades financieras, fijar las tasas de interés, determinar las reservas mínimas de liquidez, el encaje y las provisiones aplicables a las operaciones crediticias, entre otros.

La reforma propone sustituir esta entidad por una Junta que regule únicamente el sistema financiero, de valores y de seguros. Es decir, plantea eliminar las facultades que tenía el organismo relativas a la formulación de políticas monetarias.

La Junta, actualmente, está conformada por cuatro miembros con voto: Ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien la preside; Marcos López, delegado de la Presidencia; Iván Ontaneda, ministro de la Producción; y Katherine Argotty, secretaria técnica (e) de Planifica Ecuador.

Otros cinco miembros tienen voz, pero no voto: los Superintendentes de Bancos, de Compañías, y de Economía Popular y Solidaria; la Gerente del BCE y el Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo del Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede).

El proyecto de Arregui, además, plantea que la Junta esté conformada por los superintendentes y el Gerente del BCE. El Ministro podrá asistir, pero solo como invitado.

El control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también está en el proyecto de ley. Arregui señaló que es necesario dotar a la Superintendencia “de la facultad sancionadora similar a la que cuenta para el resto de entes controlados para proteger adecuadamente los derechos de los afiliados”.

La Superintendencia no es el único organismo que plantea reducir las atribuciones de la Junta. El Banco Central del Ecuador (BCE) también trabaja en un proyecto de Ley que persigue este objetivo.

La gerente de esta entidad, Verónica Artola, mencionó hace unos días que funciones como la fijación de las tasas de interés y de los montos de reservas de liquidez exigidos a los bancos que hoy tiene la Junta deben pasar al Central.

“Hay analistas que sugieren que Ecuador no tiene política monetaria, porque no tenemos moneda propia, pero la fijación de tasas de interés, el coeficiente de liquidez doméstico y las reservas mínimas son instrumentos con los que se hace política monetaria”, defendió Artola.

La gerente añadió que en septiembre próximo se enviará a la Asamblea un paquete de reformas para crear un directorio en el Banco Central, que estaría encargado de los temas de política monetaria y que tomaría decisiones de manera independiente al Gobierno de turno. Este es uno de los compromisos que debe cumplir el Gobierno como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Artola presentó algunos puntos de su proyecto de Ley al sector empresarial en julio pasado. En esa charla, la funcionaria informó que el directorio del BCE estará conformado por siete miembros, tres a tiempo completo y cuatro a tiempo parcial.

“La idea es que el director o gobernador del directorio, que será nombrado por el Ejecutivo, tenga un período de seis años, para evitar que sus funciones estén atadas al período presidencial o ciclos políticos. Así se garantiza independencia del organismo”, dijo.

Para César Robalino, exsuperintendente de Bancos, es importante que los miembros del directorio no sean una cuota política, que sean economistas especializados en temas monetarios y macroeconómicos. “El ministro de Finanzas y superitendentes podrían dar sus opiniones a los directores, pero no tomar decisiones”.

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