Un impuesto al valor agregado diferenciado, con una tarifa más baja para ciertos servicios digitales, puede incentivar el consumo en el país, pero cualquier reforma debe ser integral para lograr una verdadera inclusión y evitar que se genere un hueco en la caja fiscal.
Esta es la primera reacción que produjo entre algunos gremios empresariales el anuncio del vicepresidente Otto Sonnenholzner, de reducir la tarifa para ciertos servicios digitales. Además, el funcionario descartó que el Gobierno esté analizando incrementar el tributo.
El Segundo Mandatario hizo estas declaraciones el martes pasado, en el marco de un foro de inversiones realizado como parte de las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Guayaquil.
Según Sonnenholzner, la propuesta de bajar el IVA apunta a impulsar una mayor inclusión financiera.
Los industriales consideran que bajar la tarifa para servicios financieros digitales puede motivar el consumo y una mayor inclusión financiera, dice Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP).
El directivo cree que la iniciativa podría incluso ampliarse a productos de consumo masivo, para impulsar el consumo de los hogares en momentos en que la economía ha perdido dinamismo.
Para compensar el hueco fiscal que esto produciría, es partícipe de revisar todo el marco normativo tributario para simplificar el sistema y encontrar espacios de compensación. Recordó que el Gobierno ha anunciado su intención de revisar la deducción o descuento de gastos personales para el pago del impuesto a la renta.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner durante su participación en el seminario organizado por el BID Invest, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Este sector espera ser llamado pronto al diálogo de la reforma e insistió en que, de analizarse un IVA diferenciado, este no puede ser al alza. Una medida así no cabe, pues en el país existe el impuesto a los consumos especiales (ICE), que cumple una función similar: tener un tributo más alto en bienes considerados de lujo, dijo Zambrano.
El impuesto al valor agregado fue el tributo de mayor recaudación en el 2018, con USD 6 736 millones. El mayor cobro proviene del rubro que grava a los bienes y servicios producidos localmente, que representa el 71% del total. El resto grava a las importaciones.
Las provincias que generan mayor aporte en la recaudación son Pichincha y Guayas.
Le siguen en importancia el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre los productos gravados con IVA están los almuerzos, champú, jabones, ropa, tinte para el cabello, telefonía móvil, almuerzos, salsa de tomate e incluso el servicio de wincha. En cambio, alimentos frescos, servicio de transporte urbano, educación, medicinas y otros no están sujetos al gravamen.
La banca mira como positiva la aspiración de generar incentivos en búsqueda una mayor inclusión financiera. Aunque sus representantes no conocen el proyecto gubernamental, están “abiertos a trabajar en conjunto para lograr ampliar la inclusión financiera desde esta perspectiva también”, indicó Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
En el país, apenas el 51% de adultos tiene acceso a una cuenta en una institución financiera y, por ejemplo, solo el 12% tiene un crédito.
Prado indicó que estas cifras son extremadamente bajas y evidencian la necesidad de hacer un cambio para beneficiar a todos los ecuatorianos, en especial a aquellos de menores ingresos.
Pero la banca considera que el tema debe ser visto de forma integral. “Una reforma integral de la normativa del sistema financiero es clave para seguir en el camino hacia una mayor inclusión financiera”.
Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, tampoco tiene detalles sobre la propuesta de diferenciar el pago del impuesto al valor agregado (IVA). Por esto, espera que el Gobierno precise de qué se trata este mecanismo.
Alarcón tiene una visión distinta sobre la propuesta. El directivo señala que bajar el IVA generaría un hueco fiscal. “Si el Gobierno propone aumentar la recaudación en más de USD 1 700 millones no se entiende cómo se plantea diferenciar el IVA hacia abajo”.
Por esto, en lugar de modificar este tributo, el titular del CEE cree que se debería trabajar en la mejora de la competitividad y revisar otros impuestos, no el IVA.
Para este sector, este tributo es relevante, porque si sube el IVA se afecta al consumo y, por lo tanto, a las ventas locales del país.
El Gobierno debe enviar una reforma tributaria como parte de los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo cree que podrían revisarse impuestos indirectos, aunque no dice cuáles.
De acuerdo con la carta de intención firmada con el organismo, el documento debe remitirse a la Asamblea hasta octubre próximo.