Redacción Judicial
El trabajo de la Procuraduría entre 2006 y 2008 ha sido cuestionado dos veces.
La primera fue por la supuesta entrega de ‘bonos espirituales’ a los empleados de la entidad, sin ningún aval legal (ver recuadro).
Y ahora, la Contraloría encontró nuevas anomalías en las contrataciones de personal y de bienes y servicios que realizó la Procuraduría, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008. Este período corresponde a las administraciones de Xavier Garaicoa y Diego García.
En los resultados, la Contraloría encontró 24 irregularidades en torno al manejo económico.
En resumen, el organismo de control detectó que se suscribieron 156 contratos ocasionales, sin concurso de méritos. Tampoco se los colocó en la escala de Remuneraciones del Sector Público que determina la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Lossca).
Según el oficio 141-DNDHyC- del 12 de febrero de 2009, el Director de Desarrollo Humano señaló que “desde que la Procuraduría fue creada, siempre ha contado con una estructura remunerativa propia”. No obstante, desde 2004 la Senres estableció la nueva escala de remuneraciones del sector público a la que deben acogerse las entidades estatales.
Además, la Contraloría determinó que entre 2006 y 2008 se incrementaron, sin tener respaldo jurídico, los salarios de los funcionarios de la Procuraduría en USD 17 439 284.
Sobre este punto, la Procuraduría contestó que el aumento tuvo como base una resolución de la institución de junio de 2005.
Otra irregularidad hallada es que muchos de los funcionarios no presentaron sus declaraciones juramentadas, requisito obligatorio para ejercer un cargo público.
El procurador García dijo el miércoles pasado a este Diario, que no sabía del informe de Contraloría. “No conozco de ningún cuestionamiento hecho sobre la contratación de personal ni el incremento de sueldos”, afirmó.
Pero el 6 de agosto, Auditoría 1 de la Contraloría envió una copia del informe al Procurador.