En 30 días se decidirá la suerte de siete personas que son sospechosas de incurrir en el delito de transferencia electrónica de activos patrimoniales, tipificado en el artículo 231 del Código Orgánico Integral Penal.
Una importante cadena de almacenes del país puso la denuncia al comprobar que el dinero de su cuenta bancaria fue transferido, sin permiso, a diversas personas.
La jueza de turno de la Unidad de Flagrancias dispuso la prisión preventiva para tres implicados: Darío T., Freddy C.,Marco C. y Manuel E. Esto, tras considerar que hubo los elementos necesarios para vincularlos por la presunta ejecución del delito y, además, porque no se garantizó, con documentos, que los acusados iban a enfrentar el juicio.
A dos mujeres se les dictó medidas sustitutivas (deben presentarse cada cinco días a la Fiscalía y no pueden enajenar bienes) y otra mujer guardará arresto domiciliario por encontrarse en estado de gestación. La Fiscalía se abstuvo de acusar a una persona más.
A los procesados se los detuvo en diferentes situaciones, el 10 de abril del 2015, en el sur y norte de Quito. En la mayoría de casos se los aprendió cuando iban a retirar el dinero. En otros fueron detenidos después de acudir a una agencia por petición realizada por el banco vía telefónica.
En la instrucción fiscal se investigará la forma en que miles de dólares fueron a parar en las cuentas de los acusados. Sumadas las transferencias de las siete cuentas, el perjuicio a los almacenes sería de USD 229 400. No se descarta un monto mayor ya que, en los partes policiales, se señala que hay más detenidos en Manta y Machala.
En la mayoría de casos, la defensa de las personas vinculadas sostuvo que el dinero provino de actividades económicas lícitas. Los abogados pidieron que se amplíe la investigación a las personas que contrataron los servicios profesionales o compraron los bienes y ofrecieron pagar mediante transferencia bancaria.