29 de octubre de 2019 22:51

Una investigación por pornografía se abre dos años después de sentencia por violación contra escolares

Para este martes se fijó la audiencia de apelación en la Corte de Justicia del Guayas, a pedido de la Fiscalía y la defensa de cuatro escolares en un caso de violación en una escuela pública de Guayaquil. La diligencia fue diferida. Foto: Elena Paucar / E

Para este martes se fijó la audiencia de apelación en la Corte de Justicia del Guayas, a pedido de la Fiscalía y la defensa de cuatro escolares en un caso de violación en una escuela pública de Guayaquil. La diligencia fue diferida. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

Un teléfono celular incautado el 6 de octubre de 2017 motivó la apertura de una nueva investigación por pornografía infantil. Este proceso se suma al caso de dos docentes sentenciados por violación contra cuatro escolares en Guayaquil.

El equipo perteneciente a Bryan M. Z. almacenaba varias imágenes con contenido sexual de niños y adolescentes. Las fotografías fueron detectadas por un agente de la Policía Judicial durante la captura del maestro, mientras daba clases en un plantel público del norte de la ciudad.

“Cuando el procesado entregó el celular, inicialmente dio la contraseña y luego se rehusó. Por esa razón la información del teléfono no ha sido explotada y porque el sistema de investigación todavía no ha podido obtenerla. Tenemos entendido que no hay un sistema informático actualizado que logre desbloquear el celular”, explicó Stives Reyes, abogado de los padres de los menores.

El defensor dijo que hace una semana la Fiscalía del Guayas abrió esta investigación. El delito de pornografía infantil está tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con hasta 26 años de prisión si el infractor es “maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima”. De enero a septiembre de 2019 se han reportado 64 denuncias por este delito en el país, en su mayoría en Pichincha y Guayas.

Este caso desenmascaró otras historias de delitos sexuales que ocurrían en el contexto escolar en distintas ciudades del país. Cuatro niños, de entre 7 y 8 años de edad, relataron a sus padres que fueron encerrados en los baños del plantel, donde ocurrieron las agresiones sexuales. En sus testimonios revelaron que eran golpeados, abusados sexualmente, obligados a beber orina, sedados, maniatados, fotografiados y filmados.

El 5 de octubre de 2018, Bryan M. Z. y Xavier M. B. fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de pena privativa de libertad por el delito de violación contra los escolares. Esa resolución fue apelada por la Fiscalía y la defensa de los niños que pedían una sentencia de 40 años de cárcel como pena acumulativa por la identificación de varios delitos.

“A parte del delito principal de violación, la investigación también detectó abuso sexual, pornografía infantil y tortura. El Tribunal de Garantías Penales dispuso que aparte se abran dos expedientes más por abuso sexual y pornografía”, explica el fiscal César Peña, quien llevó el caso.

Dos años después de la denuncia inicial, este martes 29 de octubre de 2019 se tenía prevista una nueva audiencia de apelación en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Sin embargo fue diferida porque el juez titular de la Sala de lo Penal, Gustavo Marfetán, y el secretario asistían a otra diligencia.

“Desde noviembre de 2018 se han realizado casi cinco convocatorias a esta audiencia y todas han sido diferidas por distintos motivos: porque los jueces están en otras audiencias, porque los abogados tienen otras diligencias... No se le está dando la prioridad que el caso amerita. Los familiares quieren que ya se haga justicia”, agrega el defensor de los padres.

Los docentes están cumpliendo la pena impuesta en primera instancia. Pero el abogado Reyes explica que la sentencia no está ejecutoriada mientras no se resuelva el recurso de apelación. Tampoco se ha concretado la reparación integral para los menores, fijada en USD 200 000 por el Tribunal. Mientras tanto, los pequeños continúan recibiendo apoyo psicológico.

Como parte de esta investigación, otros dos profesores del plantel fueron sentenciados por tortura en octubre de 2018. Eduardo B. S. y Máximo M. M. cumplen una pena de 17 años de prisión. El Tribunal también les impuso una indemnización de USD 10 000 por cada niño y una multa de 60 salarios básicos. Esta sentencia fue apelada por la defensa de los maestros.

Otros dos maestros fueron llamados a juicio por presunta violación; hay 18 denuncias

Miguel Ángel P. N., y María Auxiliadora A. C. fueron llamados a juicio por el presunto delito de violación a una menor de edad dentro de un centro educativo particular del norte de Guayaquil. La resolución fue emitida por la jueza de Garantías Penales, Fabiola Vega.

El pasado 17 de octubre de 2019, el fiscal Francisco Campos emitió el dictamen acusatorio contra el maestro de Música como autor y contra la educadora por presunta omisión ya “que estuvo presente en los hechos denunciados”, como cita un comunicado de la Fiscalía del Guayas. El fiscal presentó entre las pruebas el testimonio anticipado de la niña y de su madre, evaluaciones psicológicas y un informe genético forense.

Las primeras denuncias se registraron en noviembre de 2017. Actualmente la Fiscalía reporta 18 procesos investigativos que involucran a varios maestros en casos de abuso sexual y violación contra menores de entre 3 y 6 años de edad.

En sus testimonios los niños relataron que las agresiones ocurrieron en el salón de Música, un espacio completamente cerrado y con vidrios polarizados que impedían ver al interior.

Miguel P. N. era el encargado de las clases. En abril de 2018 reconoció el delito de abuso sexual contra uno de sus alumnos y fue sentenciado a cinco años de cárcel. El juez Johan Briones también impuso una multa de USD 15 440 y USD 23 800 como reparación. Este docente tiene otras 14 investigaciones en proceso, por lo que las penas podrían acumularse hasta un máximo de 40 años.

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