María Paula Romo, ministra de Gobierno, dio una rueda de prensa, este 10 de septiembre del 2020. Foto: Captura
Las entidades de control buscan conocer qué pasó con las inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). La mañana de este jueves 10 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó tres casos en los que se encontraron posibles irregularidades.
Uno de estos es en una inversión realizada en una universidad de Quito. Según Romo, el Isspol invirtió en los últimos meses del gobierno anterior cerca de USD 7 millones en ese centro de estudios. El compromiso era recuperarlos con el dinero proveniente de las pensiones de la universidad. Para cumplir con este compromiso, la entidad educativa creó un fideicomiso.
“El fideicomiso ha pagado al Isspol cero dólares de los siete millones que se puso. Luego de que todas las obligaciones se vencieran a mediados de este año empezamos con las acciones de cobro. Pedimos la liquidación del fideicomiso, recibimos en endoso un pagaré que era parte de las garantías y empezamos a exigir el pago a través de medidas penales, civiles y una coactiva en el que la Contraloría está apoyando las gestiones de cobro”, dijo la Ministra.
Otro caso que está bajo investigación es la compra de una hacienda en Uyumbicho (Pichincha) a USD 14,8 millones cuando el precio del avalúo era de USD 500 000. “Este caso fue presentado hace varios meses a la Fiscalía”, señaló Romo quien indicó que también se busca recuperar los recursos que pertenecen a los afiliados y pensionistas de la Policía.
Romo estuvo acompañada del comandante general de la Policía, Patricio Carrillo y del director del Isspol, Jorge Villarroel. En su intervención señaló que hay un tercer caso que concentra su atención por el monto invertido. Se trata de la compra de papeles generados por dos empresas de Guayaquil que quebraron. Son más de USD 20 millones invertidos en esas operaciones bursátiles.
Para Romo, la investigación no se debe centrar únicamente a esta operación puntual, sino que se tiene que ampliar para “mejorar y garantizar la eficiente actuación del mercado de valores”.
Según la Ministra, los papeles adquiridos estaban estructurados por una compañía que tenía todas las credenciales en regla. Y que al estructurarlas los calificó como papeles doble A; es decir que la inversión tenía menos riesgo. “Esta investigación exige preguntarles a las entidades de control, averiguar a la calificadora qué es lo que vio o no vio, cómo se estructuraron estos papeles”.
El director del Isspol reconoció que esta información ha generado preocupación en los 80 000 afiliados a la entidad. Sobre la última transacción bursátil, el general en servicio pasivo señaló que no se conoce el lugar dónde estuvo una empresa involucrada en colocar los bonos.
“El Isspol compra los bonos y compra a una persona natural que hasta ahora no sabemos quién es ni dónde tiene la empresa. Este señor (el representante) se presentó de forma virtual, se le pidió que pague lo que debe y dijo: no tengo liquidez, soy la persona que coloca los bonos, fui llamado algunas veces para colocar bonos. En fin, un contrato mal hecho que favorecía a una parte y perjudicaba al Isspol“, manifestó Jorge Villarroel.