El 7 de octubre, militares se concentraron en la av. Simón Bolívar, en Quito, para enfrentar a los manifestantes. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El informe del Comando Logístico de la Fuerza Terrestre concluye que el material no letal con el que cuentan los militares “no es suficiente” y “está caducado”. El documento, fechado el 25 de noviembre del 2019, fue uno de los insumos para iniciar los procesos de “adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia”.
Se trata de tres contratos suscritos el 12 de diciembre pasado entre el Ministerio de Defensa y empresas de EE.UU. por USD 3,6 millones. En estos se establecen los montos, características y plazos.
El primero corresponde a la compra de 179 070 proyectiles, tipo perdigón, y gas lacrimógeno por USD 2,9 millones. También aparecen cartuchos 12 GA esfera de goma que se activan por medio de una escopeta, según información del Ejército.
Su velocidad alcanza los 165 metros por segundo y su alcance llega hasta los 30 metros.
Otras municiones son los cartuchos “aturdidores” que están compuestos por plástico, pólvora negra y aserrín que también son activados por medio de una escopeta.
Dentro de ese contrato consta la compra de GS (gas lacrimógeno) para usarse con la mano o desde carabinas. Las especificaciones sobre su alcance y velocidad de este último ítem no constan en los pliegos de referencia. Pero, según policías antimotines, este material puede alcanzar distancias de 70 a 100 metros.
En un segundo contrato, el Ministerio de Defensa compró 1 000 escopetas calibre 12 para proyectiles no letales. El plazo de entrega de ambos procesos terminará el 5 de febrero.
El armamento no letal concentra la atención de defensores de los derechos humanos. Según una coalición de seis organizaciones, que presentó un informe tras las protestas de octubre, hubo personas que perdieron ojos y víctimas mortales que fueron impactadas en la cara y en el cuerpo.
Existe además un informe que Naciones Unidas emitió a finales del año pasado. Allí recomendó a las entidades de seguridad abstenerse de usar los perdigones de goma o metal.
El tercer contrato es por 1 200 máscaras antigás de cuatro filtros por un monto de USD 234 000. Su entrega debe realizarse hasta el 20 de enero.
Cada proceso cuenta con un Informe de Necesidad elaborado por el Comando de Operaciones Terrestres. En ese análisis se evidenció “la falta de material no letal para el empleo en las operaciones”, que desarrollaron los militares durante las manifestaciones que se desarrollaron del 3 al 14 de octubre del 2019.
En el documento se estableció la preocupación para dotar de los insumos “a 204 equipos de combate, constituidos por 20 personas cada uno”. Esto corresponde a 4 080 soldados.
Con la compra se abastecería al 15% del personal que se emplea en las “operaciones militares” antimotines. También se aclara que con el nuevo equipamiento se incrementará la capacidad operativa “en caso de nuevos disturbios que alteren el orden público”.
Por otra parte, dentro del Informe de Necesidad se pide adquirir 3 000 escudos antimotines y 3 753 trajes tipo ‘robocop’. Sin embargo, en la página del Servicio de Compras Públicas (Sercop) no aparecen los términos de contratación sobre estos implementos.
En la página oficial de esa entidad constan otros nueve procesos para adquirir material antimotines. Su estado tiene la etiqueta de “finalizado” y no se llegó a las etapas de adjudicación ni a la firma de contratos.
Al abrir los archivos digitales adjuntos se observan las resoluciones de inicio con las que el Ejército justificaba la compra de diversos artículos, entre ellos, lanzadores múltiples de gas GS (de hasta 30 bocas), lanzagranadas con tambor con capacidad para seis proyectiles, municiones; equipos de comunicación, trajes, escudos y repuestos para vehículos antimotines. En uno de los pliegos constaba un monto referencial por USD 6 millones.
Estos se iniciaron el 25 de noviembre, días antes de que se publicaran los tres procesos en los que sí se alcanzó un entendimiento económico.
