17 de octubre de 2018 14:58

La nueva intervención a la U. de Guayaquil revive la tarea pendiente del anterior proceso de acompañamiento

En la foto las instalaciones de la Universidad de Guayaquil el 15 de octubre del 2018. Foto: Mario Fausto / EL COMERCIO

En la foto las instalaciones de la Universidad de Guayaquil el 15 de octubre del 2018. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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Tres años y 14 días duró la primera intervención en la Universidad de Guayaquil. El 23 de octubre de 2013, quienes conformaban el Consejo de Educación Superior (CES) de esa época ordenaron un proceso de acompañamiento al centro de estudios.

En aquella ocasión se basaron en las causales establecidas en los literales a y b del artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Esos dos literales se refieren a la violación de las disposiciones de la Constitución y otras normativas; y a la existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico-financieras.

El pasado viernes el actual CES dispuso una nueva intervención, esta vez amparados en el literal c del mismo artículo. Ahí se habla de la existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria.

El plazo es de 90 días, que son prorrogables. En ese tiempo, el principal objetivo de los interventores será convocar a elección de autoridades, porque la falta de definición en el rectorado fue la causa de fuertes enfrentamientos que llevaron a esta nueva fase de acompañamiento estatal.

El anuncio de la llegada de otra Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), que será posesionada mañana a las 10:00, genera incertidumbre. Ellos asumirán el rol del rector y del Consejo Universitario desde mañana; el CES dispuso además la suspensión temporal de las funciones de todas las autoridades de la universidad.

Rommel Martínez, procurador síndico de la universidad, espera que los integrantes de la CIFI se reúnan con los funcionarios de distintas áreas para delinear las acciones que necesiten.

Además sugirió la presencia de notarios públicos para verificar las condiciones de las oficinas administrativas ubicadas en el rectorado, ya que el edificio estuvo cercado por seguidores de Gulnara Borja, quien asumió el rectorado por subrogación.

Camilo Morán, miembro del Consejo Universitario, es claro en decir que no apoya la intervención, por los resultados que dejó la primera; y considera que el CES debió respaldar la subrogación de Borja para evitar este proceso.

Sin embargo, sugiere a los actuales interventores que, a más de convocar a elecciones, solucionen al menos tres problemas macro de la U. de Guayaquil: la falta de acreditación de las facultades de Medicina, Odontología y Jurisprudencia -ya suman tres plazos vencidos-, la revisión de los concursos para la selección de docentes que tendrían irregularidades, y el presupuesto.
“Una universidad de categoría B no puede recibir USD 150 millones cuando le corresponden USD 210 millones. Eso lo dice la Ley”.

El presidente de la CIFI recientemente conformada, Roberto Passailaigue, adelantó que harán una investigación profunda de los concursos y compras realizadas, de las obras inconclusas y harán las denuncias necesarias, incluso si detectan irregularidades de la fase anterior de intervención.

El CES hace observaciones a la intervención que empezó en 2013

La intervención que empezó en octubre de 2013 fue el resultado de una investigación que se realizó un año antes. En el 2012 el CES detectó el cobro de rubros que iban contra el principio de gratuidad, cobros por cursos, seminarios y trabajos de graduación, violaciones al principio de cogobierno por representantes estudiantiles que se mantuvieron de forma ilegítima y presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Universitario.

Esa intervención tuvo tres prórrogas, según el informe final de la posintervención de la Universidad de Guayaquil, emitido en julio pasado por el CES. El reporte fue aprobado por Carmen Álvarez, consejera académica del organismo.

Jorge Kalil fue el primer presidente de esa CIFI; estuvo dos años y seis días a cargo. Temporalmente lo suplantó Enrique Santos, miembro del CES, por un mes y 15 días. Luego asumió Jaime Medina, por nueve meses y seis días.

Finalmente, por un mes y 11 días, la comisión fue presidida por Luis Carmenate. El gasto total de personal de los miembros de la CIFI fue de USD 1,8 millones.Un monto similar se destinó a becas para que 62 docentes obtengan doctorados y 21 maestrías. Ese es parte de los resultados presentados al final de la intervención.

El reporte incluye 72 de investigación aprobados, seis premios internacionales, la devolución de USD 7,32 millones a los estudiantes por cobros indebidos, el traspaso del Hospital Universitario al Ministerio de Salud.

Además menciona las denuncias de casos de nepotismo, pluriempleo y la depuración de registros de 84 personas fallecidas que aparecían en la nómina de Talento Humano. Y el pago de USD 56 millones a 1 500 jubilados.

También consta la elaboración de manuales y estatutos, así como la inversión en equipos para la universidad por USD 8,63 millones y USD 34 millones en infraestructura durante el 2015.

Pero el CES también detectó algunos temas pendientes. Entre ellos aparecen 934 expedientes de cobros indebidos a estudiantes que al 2018 seguían en análisis. Estos suman USD 428 693,77.

Además, al cierre de la posintervención fueron identificados 26 exámenes especiales de la Contraloría General del Estado.

La creación de nueve centros de excelencia, otra de las propuestas, quedó plasmada en los estatutos universitarios. Sin embargo, el CES determinó que aún no están completamente implementados. De los cinco que se tenía previsto empiecen a funcionar en este año, solo uno está completo; el resto, principalmente, tiene problemas por falta de investigadores.

Los cinco concursos que asignaron 761 cargos docentes también recibieron observaciones. El CES señaló que algunas fechas no coinciden y que no recibieron información completa, pese a los pedidos. La universidad tampoco cuenta formalmente con docentes contratados bajo la denominación de docentes principales investigadores.

El reporte hace además observaciones a la falta de requisitos de algunos integrantes del Consejo Universitario, entre ellos vicerrectores, decanos y representantes estudiantiles.

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