El pasado viernes, policías acudieron al lugar donde un hombre fue asesinado. Foto: Archivo / El Comercio
Tras el anuncio oficial de fusionar el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Gestión Política, para crear el Ministerio de Gobierno, personal de las dos entidades analiza ambos presupuestos. La idea es definir los recursos que se invertirán en proyectos de la nueva Cartera de Estado.
Sin embargo, para este año hay un recorte presupuestario, tanto para la Secretaría como para el Ministerio.
La Cartera del Interior, por ejemplo, recibirá USD 60,8 millones menos. Eso representa una reducción del 33% de recursos respecto del año pasado (ver infografía).
Pese a esto, en la Pro forma se mencionan proyectos como mejorar la infraestructura de la Escuela de la Policía, en Quito. Además, construir Unidades de Policía Comunitaria (UPC), para extender servicios de seguridad. 104 oficinas de este tipo estarán en la ciudad de Guayaquil.
Otro plan es construir viviendas fiscales para agentes.
La mayor inversión económica se dirigirá a fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas. Para esto se destinarán USD 9,9 millones.
Según la Pro forma, también se adquirirán equipos especializados para el desarrollo y fortalecimiento de la plataforma informática de la Policía.
Los uniformados dicen que es urgente invertir más recursos, especialmente en las UPC.
Los asaltos violentos que se han registrado, por ejemplo en Quito, han revelado las falencias en el equipamiento.
En el último crimen, perpetrado el pasado viernes en el norte de la capital, los armados huyeron en motos de alta potencia. Los gendarmes reconocen que las redes delictivas usan medios de transporte de mayor capacidad que los usados por ellos.
El 21 de noviembre se reportó otro asalto violento en una zona financiera del norte de Quito. Tras ese hecho, el Circuito Iñaquito, zona en donde ocurrió el ataque, pidió a otras dependencias policiales que les prestaran más medios para patrullar. La idea fue contar con un parque automotor que permita rastrear a las bandas.
El Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) les entregó ocho motocicletas y la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), otras cuatro.
Con esto medios se incrementaron los operativos en las zonas en donde opera la mayor cantidad de entidades bancarias. La intención fue reducir los robos a personas.
En el 2018, a escala nacional se registraron 27 985 casos. En el 2017 sumaron 28 645.
Una necesidad similar tiene el personal que trabaja en el circuito La Mariscal, en el norte de la capital.
Hasta inicios de este mes no se había atendido la petición de tener 20 motocicletas más para patrullar la zona en donde funcionan bares y discotecas. Además, requieren duplicar el personal: actualmente son 90. También necesitan 20 radios adicionales para la comunicación interna.
En el caso de la Secretaría de la Gestión de la Política existe una reducción de USD 2,9 millones para este año, es decir, 22% menos en relación con el año pasado. En el presupuesto 2019 aparecen cuatro proyectos para esta entidad. Más los seis de la Cartera del Interior, en este año el nuevo Ministerio de Gobierno priorizará al menos 10 iniciativas.
Uno de los planes de la Secretaría es la implementación de un sistema unificado de información de organizaciones sociales. La idea es mostrar a las instituciones públicas y privadas información real y actualizada de las organizaciones sociales que existen.
En su última rendición de cuentas, la Secretaría dice que logró una articulación entre las Subsecretarías y Direcciones Técnicas para dar atención a las demandas de los grupos sociales. Otro proyecto que tiene para este año es la creación de un programa de pensamiento político. Esta iniciativa será la que mayor presupuesto tenga para su ejecución: USD 883 377. También se planea continuar con el proyecto para crear “redes de medios comunitarios públicos y privados locales”.
A esta iniciativa se le ha dado seguimiento desde el 2017. La idea es entregar sistemas para fortalecer los procesos de comunicación de las diferentes nacionalidades.
Otra propuesta es la construcción de una escuela permanente de formación ciudadana. En el 2017 ya se crearon 467 de estos establecimientos. Este trabajo contó con la participación de 12 710 personas y 519 organizaciones sociales, a escala nacional.Para estos proyectos, este año el Estado asignó USD 2 millones.