Redacción Guayaquil y Machala
La Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) y la concesionaria Interagua no se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno Nacional de entrar a renegociar el contrato de prestación del servicio.
Hasta ayer Ecapag, como ente de control y regulador, esperaba una comunicación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) sobre la conclusión del informe técnico, que realizó con la Contraloría del Estado. También hizo observaciones a los contratos con las empresas de agua en Samborondón y Machala.
Sobre las multas
Al iniciarse la concesión, en 2001, había un 67% de la población con 242 111 conexiones formales. Al término del quinquenio pasó a un 79%. 275 000 habitantes fueron incorporados a la red.
En agosto de 2008, la Internacional Water Service vendió el 90% de sus acciones. Fueron adquiridas por Proactiva Medio Ambiente (Hidalgo&Hidalgo de Ecuador y Fanalca de Colombia). El 10% restante pertenece al grupo ecuatoriano Equivía.
Según el Foro Democrático, no se ha aplicado la cláusula 20.3 de terminación del contrato, cuando una multa supera el USD 1 millón. Registran el 28 de julio de 2007 una multa de USD 1,5 millones por incumplimiento de contrato. Y, el 21 de agosto de 2008, otra por USD 5 135 000.
En el caso de Guayaquil, algunas observaciones son la distorsión del cálculo del costo de la tarifa, ineficiencia en la distribución y en la recaudación. Además, los parámetros no aceptables del cumplimiento de la Normativa Ambiental y ausencia de una tarifa social para los usuarios.
La concesión va rumbo a los nueve de los 30 años fijados en el contrato. Según un informe de auditoría de gestión de Interagua, en el sexto año de servicio (2007) se reportó una facturación USD 78,6 millones. Aunque el monto fue 7% menor que el período anterior, que fue de USD 83,7 millones. A pesar de que ese año se incorporaron 24 000 usuarios.
El Congreso Nacional, mediante decreto del 8 de agosto de 1994, creó la Ecapag. El 15 de marzo de 1995, el Directorio resolvió delegar el servicio al sector privado, a través de la concesión.
El 16 de octubre de 1997, el Gobierno suscribió un contrato de préstamo con el BID, para financiar un programa de mejoramiento de la prestación de estos servicios en Guayaquil, a través de una concesión a largo plazo. En abril de 2001, en el BID en Washington, el Gobierno firmó el contrato con la International Water Services, con lo que Interagua pasó a ser la operadora.
En octubre de 2005, el Cabildo asumió las obras de alcantarillado en tres sectores: Los Vergeles, cooperativas varias en el km 8,5 vía a Daule y Bastión Popular.
Pero dos años después, el alcalde Jaime Nebot pidió la competencia total del servicio de agua potable y alcantarillado al Estado. Se la otorgó en diciembre 2007 y la Ecapag pasó a control municipal. Por lo tanto, una posible renegociación del contrato estaría en manos del Cabildo.
César Cárdenas, coordinador del Foro Democrático, cuestionó que se pretenda renegociar el contrato con Interagua. “Hay que cambiar la naturaleza del contrato, pasar de la concesión a otro por prestación del servicio”. Y criticó que este proceso de auditoría se hizo sin la ciudadanía.
Cárdenas, quien desde el Observatorio de Servicios Públicos ha sido un constante crítico de Interagua, habló sobre la concesión en Guayaquil. “Nadie bebe directamente de la llave.
Hay que comprarla envasada, hervirla o clorarla. Las tarifas crecieron de USD 0,09 en 2001, antes de la privatización, a USD 0,67 que cuesta en los sectores populares”. Para esas zonas debería haber un mínimo gratuito de 5 m³ mensuales.
Ayer Cynthia Viteri, asambleísta del bloque PSC-Madera de Guerrero, se refirió al informe del Miduvi. Dijo que eso solo tiene un objetivo: la centralización de todos los servicios públicos, entre ellos el agua, por eso la lucha de los indígenas. “Dentro del gran núcleo que es la centralización de todo está, además, el agua, el aeropuerto, la terminal terrestre, el Registro Civil, añadió.
Para el segundo quinquenio (2006-2011), el programa de inversiones es por USD 262 millones. La meta es que Guayaquil tenga una cobertura de servicio de agua potable de 100% por guía domiciliaria o a través de piletas.
Mientras tanto en Machala, el alcalde Carlos Falquez dijo que con el informe, el Miduvi le dio la razón. “El agua debe ser administrada por el Municipio, ese ha sido el pedido de la ciudadanía”.
El Cabildo espera que concluyan los procesos administrativos de terminación del contrato con Tripleoro, para asumir la administración directa del servicio.
Las quejas de los usuarios han sido constantes. Desde la mala calidad del agua hasta la deficiente cobertura. Tripleoro se conformó en 2004 con capitales mixtos, de la empresa guayaquileña Oriolsa y del Municipio de Machala. Los directivos de la empresa de agua potable esperarán un informe oficial para dar su versión.