Para iniciar con la fase de prueba de los centros de tolerancia en Quito se acordaron dos tipos de protocolos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Tres centros de tolerancia han sido clausurados por la Intendencia de Pichincha desde el jueves pasado. La tarde y noche de este 26 de noviembre del 2020, la entidad de control realizó un nuevo operativo para verificar que se cumplan los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.
Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, señaló que los centros de tolerancia cerrados se ubicaban “en el valle, sur y en la parroquia rural de Nanegalito“. Sin embargo, solo uno de ellos era parte del plan piloto aprobado por el Municipio de la ciudad para analizar su reapertura definitiva.
La Secretaría de Salud en conjunto con las trabajadoras sexuales y los dueños de los establecimientos acordaron dos tipos de protocolos para iniciar con la fase de prueba.
El primero tiene que ver con la prohibición de venta de alcohol, una adecuada ventilación, la permanencia de los clientes por máximo una hora y el uso de mascarilla.
La Intendenta de Pichincha y la Policía Nacional visitaron tres centros de tolerancia que se ubican en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El segundo protocolo está más relacionado con recomendaciones para ejercer el trabajo sexual. Por ejemplo, se sugiere evitar el contacto cara a cara al momento de que se efectúe el servicio.
La Intendenta, en compañía de la Policía Nacional, visitó tres establecimientos que se ubican en el norte de la capital. Tras las inspecciones se determinó que todos ellos cumplían con las medidas de bioseguridad que se exigen.
Darwin Soto, uno de los administradores del club Café Rojo, indicó que, en promedio, unos 150 clientes visitan el establecimiento al día. Debido al tiempo que pueden permanecer en el interior, no se ha registrado aglomeraciones.
Soto dijo que han hecho una fuerte inversión para contar con la infraestructura requerida. Por ejemplo, en la adecuación de un área con la suficiente ventilación gastaron cerca de USD 30 000.
Valarezo indicó que los operativos de control continuarán mientras dure el plan piloto. La funcionaria explicó que es mejor dotar al trabajo sexual de condiciones más seguras ya que en la clandestinidad puede aumentar el riesgo para las mujeres.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la fase de prueba durará hasta el 3 de diciembre próximo. Durante este tiempo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) es la encargada de vigilar las medidas de bioseguridad.
Una vez que se concluya con el plazo, el Municipio evaluará los hallazgos para definir si se recomienda o no el levantamiento de la suspensión para este tipo de establecimientos.