Instructivo provisional permitirá reanudar exportaciones de metales

El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) aprobó un instructivo provisional que permite emitir el certificado de exportaciones de minerales, mientras se resuelve el proceso legal que impulsa un grupo de empresas de este sector en contra de la norma que regula estos procedimientos.
Este nuevo insumo permitió reanudar desde el 22 de octubre del 2019 la emisión del certificado de exportaciones de minerales del Ecuador.
Este requisito que viabiliza la comercialización de estos materiales en el mercado internacional es solicitado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y el Comité de Comercio Exterior (Comex). Pero debido a que el juez de Garantías Penales del Guayas, Ricardo Ramos Aguilera, resolvió suspender por 120 días la aplicación del reglamento actual no se podía entregar estos documentos desde el 7 de octubre pasado.
@ControlMinero aprobó un instructivo provisional para viabilizar las exportaciones mineras en el país, mientras el reglamento para el Control de las Exportaciones se mantenga suspendido, por decisión judicial. @RecNaturalesEC #MineríaConResponsabilidad pic.twitter.com/7Kbbf8iuYL
— Arcom (@ControlMinero) October 23, 2019
Esto provocó que desde entonces no se puedan tramitar alrededor de 53 solicitudes de exportación de barras de oro, de concentrado de oro y de cobre, lo que representa unos USD 18 millones, informó la Arcom.
Para la emisión del certificado de exportaciones de minerales, la norma vigente establece la toma de muestras del producto que será comercializado en el exterior para analizarlo en un laboratorio autorizado.
Actualmente, existen tres laboratorios registrados y uno en proceso de acreditación, refirió la Arcom.
Con estos procedimientos, según esta entidad de control, se garantiza que el Estado ecuatoriano reciba el pago justo de las regalías.
Sin embargo, no todo el sector se encuentra conforme con este procedimiento. Por esto representantes de alrededor de 35 empresas mineras de Portobello, Zaruma, Zamora, Ponce Enríquez y Machala recurrieron al sistema judicial, porque consideran que esta norma se contrapone a la Ley de Minería vigente.