Pocas instituciones respetan las reglas de la Ley de Transparencia

Redacción PolíticaAyer a las 24:00 terminó el plazo para que 5 000  instituciones públicas y privadas que manejan dinero estatal presentaran su informe de cumplimiento de  la Ley  Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información  (Lotaip).El artículo 7 de esta norma estipula que todas estas  instituciones   deben publicar en su página web  la información referente al manejo presupuestario, viáticos, sueldos,  los contratos suscritos y los incumplidos; las autoridades, sus planes de trabajo, entre otros. Además, establece que cada año, las entidades  deben presentar un balance del cumplimiento de esta  norma ante la Defensoría del Pueblo. El plazo venció ayer y, según datos  obtenidos por esa entidad hasta el mediodía,  apenas  110 instituciones presentaron ese reporte obligatorio.Hace dos semanas, la Defensoría alertó a las instituciones de  que el periodo para presentar sus reportes estaba por fenecer. Lo hizo a través de un comunicado, en  el cual advertía de las   sanciones que podían recibir en caso de que no cumplieran  la  obligación.Esa advertencia no tuvo éxito. Hasta el martes último,  un día entes de que terminara el plazo, 10 entidades   habían entregado su informe anual. Entre ellas, la Presidencia de la República, la  Asamblea Nacional, el Cabildo de Guayaquil, el Ministerio  del Litoral. Y hasta el mediodía de ayer,  llegaron los reportes de otras 100 entidades, especialmente  provinciales. También el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño,  entregó  su informe en la sede de la Defensoría. Según el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, la próxima semana se presentará una cifra oficial de los organismos que no cumplieron  la medida. Él espera que se mejore la cifra del año pasado, que llegó a 197 instituciones que cumplieron con la Ley.Uno de los problemas, según el Defensor del Pueblo, es que no existe un mecanismo para vigilar el cumplimiento de la norma. “No tenemos suficientes recursos, ni humanos ni financieros, para poder crear un equipo técnico que se encargue de verificar la información entregada y saber si es cierta”, explicó Gutiérrez.En ese sentido, se han presentado varios pedidos para la transferencia de recursos ante el Ministerio de Finanzas, pero aún  no han obtenido una respuesta.  A pesar de este panorama,  Ruth Domínguez, presidenta Ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, cree que sí hay avances en el cumplimiento de la Ley de Transparencia en relación con el  2008. Desde el ese año, Participación Ciudadana  analiza las acciones que cumplen  28 instituciones públicas o que manejan dineros del Estado (18 de Guayaquil y 10 nacionales). Dentro de ese estudio se encuentra   un análisis sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Según Participación Ciudadana, el  último resultado  (2009 y  lo que va de este año) demuestra  que  las 28 instituciones monitoreadas  han mejorado en el cumplimiento de esta norma. Por ejemplo, la   Contraloría ocupa el primer lugar en el acatamiento de la Ley, le siguen  la Asamblea y  el Consejo de Participación  y Control Ciudadano. “Cuando se inició el estudio,   varias entidades no cumplían   lo  que ordenaba   la Ley. Ahora,  dos años después, han mejorado notablemente. Publican sus presupuestos, sus contratos, sueldos, etc.”,  dijo  Domínguez.Sin embargo, explicó Domínguez, todavía existen instituciones que no respetan  la normativa. Una de ellas es la Corte Nacional de Justicia. En su página  web no hay datos sobre el  manejo financiero de la entidad y otras datos que deben ser públicos, como lo señala la Ley de Transparencia.    “Esto nos demuestra que todavía nos falta mucho por hacer. Pero el proceso   inició y se deberá seguir adelante con la aplicación de esta norma”, afirmó Domínguez.El Defensor del Pueblo no quiso anticipar sobre las sanciones que impondrá a  las instituciones que no respetaron la normativa. El trabajo será duro, pues,  además de cuantificar las entidades que no presentaron sus reportes, también se debe comprobar los datos  que incluyeron en  los informes.      “En años anteriores ya hemos llamado la atención a varias entidades. Si este año no cumplen, también serán sancionadas, pero ahora será más fuerte el castigo”, anticipó  Gutiérrez.La Ley de  Transparencia y Acceso a la Información establece sanciones que van desde multas hasta la separación del cargo para los funcionarios públicos  que no hayan respetado   las normas.

Las sanciones La Ley establece  sanciones que van desde:   una multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo; la suspensión de sus funciones por 30 días calendario, sin derecho a sueldo, hasta la separación del funcionario. La remoción  del funcionario no exime a la institución de entregar la información requerida y eso debe hacerlo inmediatamente. La Defensoría debe vigilar que se cumpla esa orden. Los representantes legales  de las instituciones  jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de información pública también pueden ser sancionados. En este caso,  se establece una multa de USD 100 a 500 por cada día de incumplimiento a la resolución. Ese dinero debe ser liquidado a un juez.

‘La Ley  puede ser letra muerta’ Para César Ricaurte, director de  Fundamedios, la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información corre el peligro de convertirse en  “letra muerta”. Esta entidad hizo, el año pasado, un estudio del cumplimiento de la ley. Específicamente de la respuesta de las instituciones públicas a los pedidos de información. Por ejemplo, de 69 peticiones de acceso que presentaron a varias entidades, 42  no fueron   contestadas.Fundamedios también realizó  una encuesta  de cómo los periodistas analizan esta norma. El resultado fue que un 46% de los consultados aseguró que era una traba para cumplir su trabajo. Uno  de los propósitos de la Ley de Transparencia era facilitar el trabajo de los reporteros y de los ciudadanos que deseaban obtener información. Jaime Abello, de la Fundación Nuevo Periodismo, cree que no hay que  desanimarse con los resultados; pues se debe acostumbrar a los ciudadanos, no solo a los periodistas,  a que usen la Ley como un instrumento cotidiano.