3 de febrero de 2019 00:00

La reinstitucionalización sigue, a un año de la consulta popular

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se reunió este miércoles 23 de enero del 2019 para las designaciones. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en una reunión del 23 de enero del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacciones Política, Seguridad y Negocios (I)

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Tres vías se establecieron para que entraran en vigencia los cambios aprobados con la consulta popular del 4 de febrero pasado, luego de la victoria del sí en las siete preguntas que planteó el presidente Lenín Moreno.

La primera fue a través del Registro Oficial. Con la publicación de los resultados del proceso electoral, la Constitución se reformó y se registraron los cambios sobre la inhabilitación política para sentenciados por corrupción, la eliminación de la reelección indefinida, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y la prohibición de la minería metálica.

La otra vía fue a través de reformas legislativas. Moreno presentó dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Con el primero se eliminó la llamada Ley de Plusvalía. Con el otro, en cambio, se generaron los cambios en varias normas para viabilizar la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con votaciones universales.

El mayor cambio se registró a través de la instalación del Cpccs transitorio. Esta entidad ejecuta la reinstitucionalización a través de la evaluación y el cese de 29 autoridades de control.

Finalmente, la tercera vía de ejecución es el decreto ejecutivo. Moreno debe firmar un documento para establecer los nuevos límites de la explotación en el Parque Yasuní, pero hasta este momento se lo sigue preparando.

Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea, explica que el ente competente para controlar el cumplimento del mandato popular es la Corte Constitucional. “Los otros poderes o funciones podrían, dentro de sus competencias, iniciar alguna acción como por ejemplo la Asamblea un juicio político a alguna autoridad si se considera que hay incumplimiento”.


Luis Hernández, consejero del Consejo de Participación Ciudadana transitorio: ‘Falta mejorar la lucha contra la corrupción’

¿Cómo mira la reinstitucionalización del país a un año de la consulta popular?
Se ha cumplido con los objetivos, casi en su mayoría.

¿Qué se ha hecho?
Ya tenemos a nuevas autoridades en funciones como el Procurador y la Superintendenta de Economía Popular. El país ha tenido una reinstitucionalización, a partir de designaciones independientes y los organismos han cumplido con la idea de tener personas probas en los cargos.

¿Qué falta para cerrar esta etapa de transición?
Nosotros tenemos que preparar una normativa que permita mejorar la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, uno de esos temas es la transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. En algunos casos se propondrán reformas legales y, en otros, también a la Constitución.

También se eliminó la reelección indefinida. ¿En qué le beneficia a la transición?
Es muy importante por la renovación y alternabilidad. La reelección indefinida permitió la prosperidad de la corrupción. Sobre todo, cuando un Régimen como el anterior controló todos los poderes.

¿Y la muerte civil?
Dentro de las reformas está también el tema de la justicia. No es suficiente cambiar las cabezas de las entidades sino al sistema en general, para que haya mayor celeridad y eficiencia en el juzgamiento de los casos de corrupción.

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