24 de septiembre de 2018 14:20

Por quinta vez se instaló la  audiencia de juzgamiento en caso de violación a menores en Guayaquil

Los padres de los niños del colegio de Guayaquil pidieron justicia. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Los padres de los niños del colegio de Guayaquil pidieron justicia. Foto: Archivo Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Este lunes 24 de septiembre de 2018 se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el delito de violación que involucra a dos maestros. El caso fue denunciado en octubre en una escuela pública del norte de Guayaquil, donde cuatro niños, de entre 7 y 8 años de edad, relataron los supuestos abusos que vivieron dentro uno de los baños del plantel.

La instrucción fiscal comenzó el 7 de octubre del 2017, cuando Brian M. Z. fue detenido dentro del establecimiento educativo. En enero de este año fue capturado Xavier M. B., el otro docente identificado por los estudiantes.

“Estamos dentro de los parámetros y la Fiscalía ha presentado todos los testigos y las pruebas”, aseguró el fiscal César Peña, quien ha pedido la pena máxima por este delito, que llega a los 40 años de privación de libertad con agravantes.

Esta es la quinta vez que se instala el juicio. La primera convocatoria fue para el 25 de julio, pero se aplazó por pedido de los abogados de los docentes. Luego se reprogramó para el 14 de agosto y el 6 de septiembre, pero estas diligencias también se suspendieron. El 13 de septiembre se aplazó nuevamente.

“Creemos que el proceso se ha demorado. En esta semana esperamos que termine porque estamos preocupados por la prisión preventiva, que se cumpla el año y queden libres”, dijo el abuelo de uno de los estudiantes.

Por este caso se abrió otra investigación por el supuesto delito de tortura contra otros dos profesores. En ese proceso ya se han realizado cuatro convocatorias de juzgamiento y en esta semana la audiencia continuará.

La madre de uno de los pequeños incluso habla de un posible delito de pornografía infantil. “Mi hijo me cuenta que esto empezó un año atrás, cuando estaba en el grado anterior. Dice que en el baño les han tomado fotografías de sus partes íntimas (…). Todo esto ha traído secuelas en la familia, en mí y en mis demás hijos”.

Según datos de la Comisión Ocasional Aampetra, creada por la Asamblea Nacional para evaluar el tratamiento de los delitos sexuales contra menores, entre 2015 y abril de 2018 la Fiscalía receptó 7 531 denuncias en el país. El total de sentencias en ese tiempo alcanzó las 1 531.

Los legisladores aprobaron hace dos semanas una resolución para la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En este documento demandan del Ministerio de Educación y de la Función Judicial la ejecución de sanciones administrativas y judiciales contra los funcionarios que actúen de forma negligente en la investigación, juzgamiento y sanción de estos casos.

Además autorizó a la presidenta de la Asamblea Nacional para que proponga ante la Corte Constitucional una acción de interpretación que determine los alcances de la Consulta Popular del 4 de febrero, respecto de los casos de violencia sexual contra menores. La pregunta sobre enmendar la Constitución para que nunca prescriban estos delitos obtuvo el 73,53% de aprobación, aproximadamente 7 millones de votos.

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