Redacción Negocios
Max Inlago trabajó en una empresa de carga pesada desde septiembre de 1995 hasta el 8 de octubre de 2009. Ese día lo despidieron, según dice, de forma intempestiva.
Al día siguiente de haberse quedado en el desempleo acudió a la Inspectoría de Trabajo de Pichincha, ubicada en el quinto piso del Ministerio de Relaciones Laborales. Fue a presentar una denuncia para que le paguen su liquidación, pero el trámite se ha convertido en un vía crucis.
98 inspectores
existen actualmente en el país. En Guayas y Pichincha está el 25% de ellos.“Trabajé 14 años y por lo menos quiero que me paguen una liquidación justa. Luego que presenté mi queja fui a pedir que extiendan la boleta de citación para mantener una audiencia con mi ex empleador. Me sorprendí cuando la fecha para el encuentro se fijó para el 26 de enero, o sea tres meses y medio más tarde”.
Una situación similar viven decenas de personas que acuden a diario a la Inspectoría. Un trabajador que prefirió omitir su nombre, por ejemplo, presentó su denuncia el martes y la audiencia se fijó para el 28 de abril.
La demora se produce en parte porque hay menos personal en las inspectorías de Trabajo. La entidad redujo el número de inspectores, dijo el viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas. “En diciembre salieron 30 inspectores a escala nacional. La razón fue que tenían contratos de servicios ocasionales y solo pueden laborar con nombramiento”.
Paro Aurelio Arias, uno de los abogados laborales que asesora a las personas que acuden a poner sus denuncias en la Inspectoría de Pichincha, aseguró que la falta de inspectores se presentó desde septiembre de 2009. Vacas reconoció que existe deficiencia en el servicio por causa de la falta de personal.
En Quito, por ejemplo, existían 18 inspectores y ahora quedan 13 (11 son generales y dos de control de trabajo infantil). Se encargan, por turnos, de coordinar la labor de la inspectoría, atender consultas, recibir denuncias, presidir las audiencias y hacer las inspecciones en las empresas.
Durante las audiencias resuelven conflictos de contratos colectivos, revisan la legalidad de los despidos, vistos buenos, fijación de valor de liquidaciones, etc. De las 12 salas de audiencia que existen en Quito, el Ministerio afirma que funcionan ocho. Pero ayer solo cinco atendieron al público.
Cada inspector maneja hoy unos 150 procesos y el objetivo es que baje a 50, dice Vacas. Sin embargo, Arias calcula que un inspector atiende 600 denuncias al mes. El Ministerio no tiene estadísticas de cuántos casos se resuelven al mes.
Los trámites también son engorrosos, dice el abogado Édison. “La persona que llega toma uno de los 50 turnos diarios que entregan de 08:00 a 08:30. Luego debe poner la denuncia y pedir la boleta de citación para la primera audiencia. Si en esa cita no se resuelve el caso se convoca a un segundo encuentro, que por lo general es para luego de un mes”.
Este fue el caso de Inlago, quien aún no cobra su liquidación. “Vine a ver la fecha de mi segunda audiencia pero me dicen que regrese mañana. Mi trámite va a quedar a medias porque tengo que regresar a Patuca”.
El viceministro Vacas aseguró que estas dificultades durarán hasta el 1 de febrero, fecha en que ingresarán más inspectores para reemplazar a los despedidos, aunque con contrato solo hasta mayo. “Hasta el momento se ha contratado 12 personas nuevas para Guayaquil y 10 para Quito. En abril convocaremos concurso para tener personal definitivo”.