Para la comunidad internacional es un asunto que se supera. La calumnia y la injuria son delitos del pasado. Su penalización va siendo suprimida en sociedades con mayor grado de desarrollo.
Aquella vieja tesis de la majestad del poder y su fuerza intocable no van de acuerdo con los tiempos democráticos.
Sería de mucha utilidad que los jueces y magistrados que tratan este tipo de casos, amparados en una legislación anacrónica y que contradice el espíritu de la Constitución donde priman los derechos y las garantías, conozcan estos temas. Esa misma Constitución manda que se respete los derechos humanos y los tratados internacionales.
La convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos muestra su preocupación por el uso de los delitos contra el honor como si fueran de desacato. Se señala además que distintas organizaciones internacionales de todo el mundo se han pronunciado por abolir estas leyes. El informe dice que muchas veces “ (‘)las leyes en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico de la administración pública”. Una comisión de la OEA pidió al Ecuador en 2004 que se eliminen las injurias del Código Penal.
Otro informe del Banco Mundial consideró en 2003 que estas leyes protegen a la realeza, a los políticos y a funcionarios de Gobierno frente a las críticas. En la misma línea se pronunció en 2002 el relator especial de las Naciones Unidas y pidió que se derogara la legislación penal.
La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité Mundial de Libertad de Prensa han expresado sus preocupaciones. Reporteros Sin Fronteras pide despenalizar la injuria.
La penalización de la injuria es una afrenta a la democracia.