10 de enero de 2020 00:00

Íñigo Salvador: ‘El caso Sobornos sentará un precedente en cuanto a recuperación de activos’

Íñigo Salvador, procurador General del Estado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Sara Ortiz. Redactora (I)

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Entrevista a Íñigo Salvador, procurador General del Estado.

En el caso Sobor­nos, la Procuraduría calculó en USD 23 millones el perjuicio para el Estado. Pero ese monto lo fijó incluyendo a dos empresarios que ahora están sobreseídos. ¿Cómo queda el monto ahora?

La Procuraduría debe hacer un nuevo cálculo. Habrá que ver qué monto del cohecho correspondía a las empresas Verdú y Sinohydro. Con ese dato habría que deducir del monto calculado inicialmente lo que corresponde a esas compañías. Es probable que hayan sido sobreseídos porque no había indicios suficientes de su participación (en el delito). Entonces, podría ocurrir que no se afecte el monto de la reparación.

Lo que dijo la jueza Daniella Camacho en el caso de Sinohydro es que sí había aportes, pagos en facturas, pero que no correspondían al periodo en que la persona procesada fue representante legal. ¿Qué hará la Procuraduría?

Bien poco. Se puede sugerir a la Fiscalía que inicie una investigación y que diga: si el señor Cai Runguo (de Sinohydro) no pagó, ¿quién estuvo detrás de eso? Le corresponde a la Fiscalía iniciar la investigación y la instrucción fiscal.

Ustedes encontraron evidencias solo por cohecho en el caso Sobornos. ¿Fue una sorpresa cuando la jueza aseguró que “aquí hay más que cohecho”?

Más bien fue al contrario. Nosotros ya dijimos aquí no había suficientes indicios, por ejemplo, para asociación ilícita o para tráfico de influencias. Por eso nuestra acusación particular desde el principio fue solamente por cohecho, porque nos pareció el caso más fuerte y concluyente. Para nosotros fue una sorpresa que al final de la investigación, la Fiscalía también se redujera exclusivamente al cohecho.

Pero la Fiscalía ha abierto otros casos por lavado y por tráfico de influencias.

La participación de la Procuraduría en los casos penales es, hasta cierto punto, marginal. La acción penal la ejerce la Fiscalía. A esa entidad le corresponde hacer la investigación y determinar quiénes son procesados por los delitos.

¿En qué momento la Procuraduría General ya no tendrá una participación limitada? Usted ha dicho que lo que interesa es la reparación integral.

Tras la audiencia de juicio que se iniciará en breve, al final tendremos una sentencia. A nosotros nos tocará probar, como acusadores particulares, no solo qué personas cometieron delitos, sino probar que se hizo daño al Estado y determinar a cuánto asciende ese daño. Una vez que logremos probar eso hay que lograr que los sentenciados paguen el monto pecuniario.

¿Tiene la Procuraduría algún antecedente de un caso de corrupción, al menos de los últimos años, en donde haya cobrado algo?

Que yo sepa, no. La participación de la Procuraduría en casos penales es reciente. La referencia es justamente el caso Odebrecht por asociación ilícita, en el que la acusación de la Procuraduría fue declarada abandonada. No permitiremos que esto ocurra otra vez. Estamos muy empeñados en el caso Sobornos.

Los procesados hablan de persecución…

Aquí no hay una persecución política. El deber de la Procuraduría es presentar acusación particular en los casos donde el Estado ha sido víctima y ha sufrido un daño.

Desde el 2016, el Estado ha sido víctima en los casos Petroecuador, María Sol Larrea, Carlos Pólit, Odebrecht, entre otros, y en ninguno ha logrado una reparación para el Estado.

No quiero juzgar a mi antecesor, pero sí hay mecanismos en la ley para hacer efectiva una reparación integral. Si los procesados no tienen bienes con qué responder está, por ejemplo, el secuestro de bienes, de las cuentas bancarias o las declaraciones de insolvencia. Esto acarrea consecuencias para ejercer cargos públicos y para realizar acciones económicas. De modo que, si en el caso Sobornos logramos una sentencia condenatoria, iremos hasta las últimas consecuencias con los mecanismos que la ley nos permite para recuperar los fondos.

Pero parece que esos mecanismos no son efectivos. Lo que se ha visto es que el procesado apela una y otra vez, y cuando termina el juicio ya no tiene bienes, porque los traspasó o sacó los fondos del país. ¿Qué se puede hacer allí?

Con una sentencia dictada por el máximo Tribunal de justicia, nosotros ya podemos perseguir los bienes de esas personas condenadas, incluso en jurisdicción extranjera.

Suena fácil…

Esa es otra historia. Primero hay que identificar en dónde y a nombre de quién están esos bienes. Creo que la importancia de este caso Sobornos es sentar un precedente de que se están dando los pasos para lograr la recuperación de esos activos. Siempre lo he dicho: este es un tema que no se logrará de la noche a la mañana.

También hay casos de donaciones. El expresidente Rafael Correa, antes de que comience el caso Sobornos, ya traspasó una casa a sus hijos.

Lo de traspasos de patrimonio, las vías del dinero, las ‘offshores’ es un trabajo arduo, pero realizable. Lo importante es que haya continuidad en las políticas.

En el caso de Correa, ¿qué acciones se pueden adoptar para garantizar una posible reparación integral?

El señor Correa es inocente mientras un Tribunal no decida lo contrario. Si es que él o cualquier exmandatario es condenado y tiene que cumplir una reparación integral, una de las fuentes podría ser, por ejemplo, la pensión vitalicia. No tiene sentido que el Estado le siga pagando. Ese dinero debe revertirse al Estado.

¿Qué falta para concretar las reparaciones?


Hay un tema importante y ojalá la Asamblea tome cartas en el asunto. Me refiero a la ley de extinción de dominio.

¿Falta voluntad política para que se apruebe?

Faltan dos cosas. Uno es el fortalecimiento de la institucionalidad. No podemos pensar solo en función de gobiernos, sino de Estado. Y falta que la población y los políticos hagan conciencia de que la corrupción no es buen negocio.

Trayectoria.
 Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Relaciones Internacionales con mención en Derecho Internacional por el Instituto de Hautes Études Internationales, Ginebra, Suiza. Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional.

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