11 de enero de 2019 00:00

Iniciativas para agilitar los juicios políticos en Asamblea Nacional

El exprocurador, Diego García, acudió ayer al Pleno, para realizar su defensa.

El exprocurador, Diego García, acudió ayer al Pleno, para realizar su defensa. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

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Roger Velez
Redactor (I)

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Siete meses tuvo que esperar la legisladora Mae Montaño (ex Creo) para que llegara al Pleno de la Asamblea el juicio político que presentó contra el exprocurador General del Estado Diego García, por incumplimiento de funciones.

Montaño entregó la solicitud el 18 de junio del año pasado al cuestionar las actuaciones del exfuncionario en casos relacionados con la constructora Odebretch y el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita.

El pasado jueves 10 de enero de 2019 García, quien ocupó el cargo por casi una década hasta el 31 de enero del 2018, se presentó en el Pleno y se declaró víctima de una “violación a la seguridad jurídica, al debido proceso, al derecho a la defensa y al derecho a la igualdad procesal”.

García adujo que tenía competencias para haber delegado a sus subalternos la representación del Estado en las audiencias por el caso de asociación ilícita relacionado con Odebretch, por lo que rechazó que se pretenda censurarlo.

Montaño esperaba su turno y confiaba contar con 71 votos al interior del Pleno. Pero, a las 19:00 la sesión se suspendió por falta de cuórum.

El hecho de que el juicio político contra García se demorara meses y que otros ni siquiera llegaran al Pleno, provoca que entre los legisladores se generen consensos para cambiar el mecanismo de fiscalización.

Crédito: EL COMERCIO


Lo harán mediante reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuya aprobación, según la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla (ex AP), estiman hasta mayo de 2019. Los cambios apuntan, principalmente, a que la Comisión de Fiscalización esté obligada a pasar todos los informes al Pleno, indicó Henry Cucalón (PSC), uno de los proponentes.

Los 12 integrantes de la Comisión de Justicia, que tramita el tema, prevén reunirse la próxima semana para aprobar un borrador del informe sobre las reformas a la Ley de la Función Legislativa que deberá ser debatido por el Pleno.

Ayer, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) decidió que el tema continúe en esa mesa y descartó crear una nueva Comisión Ocasional, como lo propuso el oficialista César Litardo.

El vicepresidente de la Comisión de Justicia (ex AP), Franklin Samaniego, manifestó que se analizará establecer plazos, para que el CAL califique los pedidos de juicio político, y convertir a Fiscalización en una Comisión Permanente.

En eso también están de acuerdo asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) como Cristina Reyes, quien desde el 31 de mayo pasado espera que se autorice el juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa.

Así se busca evitar que esa instancia, que actualmente preside María José Carrión (AP), archive los procesos o los deje en el limbo jurídico, lo que ocurre cuando entre sus 12 integrantes no hay una mayoría para aprobar informes.

En el año y medio del actual período legislativo, la Comisión ha tramitado ocho juicios políticos. De ellos, dos han terminado en censura y destitución: contra el exfiscal General del Estado Carlos Baca Mancheno y contra el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa.

Otros tres juicios quedaron en el limbo: contra el exsuperintendente de Bancos Cristian Cruz, contra el exministro de Agricultura Rubén Flores y contra los vocales del Consejo de la Judicatura encabezados por Gustavo Jalkh.

Respecto al proceso contra el exvicepresidente de la República Jorge Glas, la titular de la Comisión decidió no continuar con el trámite debido a que había perdido esa dignidad mientras afrontaba un proceso penal, que terminó con una condena de seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebretch.

Verónica Arias (ARE), quien integra el CAL, sostuvo que en esa mesa actuó apegada a la Constitución que prevé juicios políticos para Presidente y Vicepresidente cuando están en funciones.

En noviembre pasado, al interior del Pleno no hubo los votos (90) para la censura del exministro de Finanzas Carlos de la Torre, a quien las asambleístas de Creo, Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira (AP), acusaron de desviar a la caja fiscal parte de los recursos para la reconstrucción del terremoto del 2016.

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