5 de mayo de 2018 00:00

Nuevo ingreso por preventa no se registra como deuda

El Contralor Pablo Celi (c) presentó el 9 de abril el informe sobre la deuda. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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En los primeros días de mayo del 2018, el Fisco recibió USD 400 millones, que fueron registrados en la cuenta “ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero”. La información consta en el portal del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria.

El nuevo desembolso es un alivio para las arcas fiscales, pero su registro genera un conflicto. Para Finanzas, se trata de una operación comercial y no una de endeudamiento. Sin embargo, el informe de Contraloría, publicado el 9 de abril, dispuso que los recursos por las 13 preventas, realizadas por el Gobierno anterior desde el 2009, así como las nuevas que realizara de ser el caso, deben registrarse como deuda pública.

Desde el 2009, el país comprometió la venta de una parte de su petróleo a cambio de créditos y anticipos por USD 18 170 millones con tres empresas asiáticas, a diferentes plazos y tasas.

Según el presupuesto para el 2018, el Gobierno espera recibir USD 695 millones por concepto de preventas. Pero tendrá que pagar USD 1 126 millones a los prestamistas.

Hasta el cierre de esta edición Finanzas y Petroecuador no confirmaron si el desembolso de USD 400 millones corresponde a una nueva operación de preventa o a un pago por un contrato celebrado durante el anterior Régimen.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que todos los recursos que el país recibe como endeudamiento deben constar en la cuenta del presupuesto de “financiamiento público”.

Carrera añade que con la disposición de Contraloría, los recursos de la cuenta de ventas anticipadas deberían trasladarse a la de financiamiento.

“Al parecer la Ministra se resiste a acatar la disposición de Contraloría, porque pasan los días e incluso se sigue sin tener el registro de las preventas en los boletines de deuda de Finanzas”, dice.

Durante el Gobierno anterior, las ventas anticipadas de crudo no se registraron como deuda pública, sino como operaciones comerciales.

Las autoridades se ampararon en el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), en el que se determina que la venta anticipada de un bien o de servicio de una empresa pública no se considera deuda. Además, sostenían que las preventas se consideran como tal porque no requieren una garantía soberana del Estado.

La Contraloría, sin embargo, en su informe presentado hace 27 días argumentó que se considera deuda pública a las preventas porque en cinco contratos el Estado canceló con efectivo y no con petróleo.

El documento señala, además, que los recursos fueron a las arcas fiscales y, una parte de ellos, se destinaron a financiar gasto corriente.

“Por el simple hecho de que Finanzas haya desembolsado dinero en efectivo y no petróleo, queda claro que (las preventas) son créditos y por lo tanto deben calcularse como deuda”, explica Eduardo Valencia, miembro de a veeduría que conformó la Contraloría.

A cuatro días de que se cumpla un mes desde que el órgano de control emitió su dictamen, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, no ha detallado cómo avanza en los procesos para acatar las 14 recomendaciones del informe.

El pasado 3 de abril, antes de que se conociera el resultado final del informe, Viteri señaló que las preventas no deben considerarse deuda. “Hay que llegar a un consenso con respecto a la definición de deuda como tal, pero está claro que las preventas son operaciones comerciales, no son deuda”.

La funcionaria afirmó el 3 de mayo, sin dar mayores detalles, que aún evalúa el informe de Contraloría e insistió en que el Ministerio está buscando una definición de deuda que sea“objetiva”, para lo que pedirá asesoría técnica internacional. Anticipó que no se debería “satanizar a los instrumentos, sino evaluar si el uso de los recursos fue el correcto.

En tanto, el excontralor Alfredo Corral, miembro de la veeduría, señaló que aunque el examen no fija un plazo para que los entes observados acaten las disposiciones, “las recomendaciones deben aplicarse de manera inmediata”, según el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Ese cuerpo legal también señala que los informes de este ente de control no admiten impugnación y que en el caso de que los funcionarios a quienes se dirigen las recomendaciones las incumplan, la Contraloría determinará sanciones. Valencia advierte que si Viteri no acata la recomendación podría incluso ser destituida.

En contexto

El gobierno anterior firmó 13 preventas de petróleo y contratos de financiamiento atados a la venta de crudo. Ocho siguen vigentes y están sujetos a una renegociación por considerar que sus condiciones son perjudiciales para el país, según el Régimen actual.

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