Puede ser que nuestra legislación no sea la más efectiva para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero considero que ciertas instituciones, como las financieras, han tomado una serie de medidas para combatir el lavado de activos, sin embargo falta una legislación severa para reprimir como delito el financiamiento del terrorismo. Ojalá que los actuales asambleístas aprovechen el lamentable informe que sobre ambos casos ha emitido el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 33 países, para aprobar una ley al respecto. Los convenios internacionales que el Ecuador ha celebrado sobre esta materia, no son suficientes.
Creo que la inconveniente relación comercial que mantenemos con Irán y específicamente, los acuerdos celebrados entre el Banco Central del Ecuador y el Banco de Desarrollo de Irán nos ha hecho mucho daño, pues se considera que éste financia a organizaciones terroristas. Cuidado el informe del GAFI motive que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se incaute de los fondos que mantienen los bancos ecuatorianos en ese país, lo cual sería terrible para nuestra golpeada economía.
La falta de presentación de informes sobre los avances que ha hecho el país en la lucha contra el lavado de activos puede también haber sido tomado en cuenta por el GAFI para emitir su informe, el cual según EL COMERCIO, edición del domingo pasado, no presentó en diciembre de 2009 un informe al respecto ante el Organismo regional (Gafisud) que agrupa 10 países, el cual considera que el Ecuador no ha hecho avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones que este formuló oportunamente.
Probablemente, el reportaje publicado en el Nuevo Herald de Miami y el informe de la Agencia Alemana de Noticias Deutche Welle, sobre esa materia, a los que aludí en un editorial anterior, también influyeron en el perjudicial informe del GAFI, pues en ambos casos aparece nuestro país como una lavandería de dinero.
No es solución el renunciar al GAFI ni aseverar que se nos ha tratado injustamente. Es necesario incrementar las penas fijadas en nuestra legislación para el caso de lavado de activos y de reprimir con reclusión mayor el financiamiento del terrorismo.
Lamentablemente, no deja de tener algo de razón el informe anual de los Estados Unidos sobre la lucha antinarcóticos, hecho público por los medios de comunicación esta semana, respecto de que nuestro país es vulnerable al crimen organizado por el hecho de poseer instituciones públicas débiles y debido a la corrupción; aunque éste reconoce el esfuerzo del Gobierno en la incautación de drogas, lo cual es bastante, si consideramos que el año pasado este Gobierno dio por terminado el acuerdo de la Base de Manta, desde donde se combatía el narcotráfico.