5 de octubre de 2018 17:58

Informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Capitales está listo

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social tiene listo el informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Capitales. Foto: EL COMERCIO

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social tiene listo el informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Capitales. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Política

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La Comisión legislativa de Participación Ciudadana y Control Social tiene listo el informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Capitales, que fue presentado a finales de julio pasado por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.

En el documento, que fue aprobado por unanimidad, la comisión señala que las personas naturales o jurídicas que hayan participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la corrupción, podrán acogerse a la entrega o devolución voluntaria de los capitales o su indemnización equivalente.

Además, garantiza la protección de informantes, por tanto, toda persona conozca sobre hechos relacionados con los delitos tiene la obligación de informarlo ante las autoridades competentes, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal, su patrimonio o sus derechos laborales.

El informante tendrá derecho al anonimato, la reserva de su información personal y la solicitud de medidas de protección para sí mismo, su cónyuge o conviviente, y sus parientes por consanguinidad hasta el primer grado, reseñó la Asamblea en un comunicado.

A su vez, la propuesta prevé que las personas naturales o jurídicas que, sin haber participado en los delitos previstos en esta ley, proporcionen información válida y exacta para su identificación o la recuperación de capitales, serán acreedores a un incentivo económico que será pagadero contra la recuperación efectiva de los capitales y podrá variar según las circunstancias, pero jamás será superior al 20 % del monto efectivamente recuperado.

También establece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acreditará a equipos técnicos especializados, quienes dentro de los primeros 90 días de la asignación de cada caso, presentarán para aprobación del organismo un cronograma que contenga las actividades a realizarse, estableciendo plazos y objetivos específicos.

Una vez finalizada la investigación y entregado su resultado al Consejo de Participación Ciudadana, este elaborará el informe respectivo y, si resuelve que existen méritos en la investigación, deberá disponer el inicio de las acciones pertinentes ante la Fiscalía, la Contraloría o la institución que corresponda.

Mientras tanto, en la Comisión de Justicia se adelanta el análisis de las propuestas de Ley Anticorrupción y de Protección al denunciante, y la Ley de Extinción de Dominio, presentadas por el Ejecutivo.

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