Redacción Judicial y Guayaquil
Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Verdad de Angostura se reunieron ayer por la tarde, a puerta cerrada. Por más de cuatro horas analizaron las primeras reacciones al informe que presentaron sobre el ataque a la base de las FARC, del 1 de marzo de 2008.
Francisco Huerta, vocero del ente, dijo que hoy, en una rueda de prensa, responderá a las críticas que se han levantado.
Entre ellas, que el documento no sustenta sus conclusiones. Dice, por ejemplo, que “la Inteligencia estratégica procesada desde la Base de Manta fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes”, pero no establece cómo. Los gobiernos de Colombia y EE.UU. lo rechazaron.
Ayer, en la oficina del abogado Raúl Llerena. José Ignacio Chauvín viajó a Guayaquil para rechazar que tiene vínculos con las FARC. Foto:EL COMERCIOEl informe, en su mayor parte, es además una recopilación de la información que la prensa publicó, a partir del ataque. El presidente de la República, Rafael Correa, dijo el sábado que se sentía “desilusionado” porque “no había mucha información nueva”.
Ayer, en cambio, desde Guayaquil, el ex subsecretario de coordinación política del Ministerio de Gobierno, José Ignacio Chauvín, anunció el inicio de acciones penales por injuria contra los comisionados. “Es un informe absolutamente parcializado, con una posición ideológica totalmente marcada hacia la derecha, que ataca al Gobierno venezolano”, dijo el ex funcionario.
“Sobre esa base ideológica hace afirmaciones falsas, injuriosas y oculta información”.
Chauvín negó estar involucrado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a partir del trabajo que realiza en la Brigada Simón Bolívar (BSB), como dice el informe.
La asambleísta Ma. Augusta Calle, señalada por supuestos nexos con las FARC, también dijo que pedirá cuentas a la Comisión e “iniciará un proceso legal para que demuestren lo que dicen”.
Se espera que en la cita de hoy, los comisionados presenten un balance financiero de su trabajo. Huerta adelantó que se gastaron cerca de USD 380 000.
Se contrató a una empresa de relaciones públicas y se pago a especialistas para que analicen videos y documentos. También se cubrieron los viajes a la frontera.