En el sector alto de Atucucho, en el norte del Distrito, hay casas que se ubican por sobre el bosque. Algunas están junto a las quebradas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El gris del cemento le va ganando la guerra al verde de los árboles. Las construcciones informales y los taludes sin protección forman parte del paisaje de las laderas del Pichincha.
Hace 50 años, este conjunto montañoso occidental estaba cubierto de vegetación.
Hoy, 198 barrios se ubican en sus faldas y aquellos que están cerca a quebradas o que no fueron construidos técnicamente forman parte de los 90 sectores vulnerables a movimientos en masa del Atlas de amenazas del Distrito del 2018.
En la parte más alta del barrio Osorio, donde el 22 de marzo un aluvión afectó 32 viviendas, Rosa Taipe limpiaba el jueves pasado unas ollas en el patio de su casa, con una manguera. A unos metros de allí se inició el deslave. Su hogar colinda con la montaña.
En la parte trasera hay una pared de tierra y arriba está el bosque. Desde ahí bajó el lodo, se metió por la ventana del baño, chocó contra su camioneta y, con viada, bajó por la vía principal. Se llevó 13 vehículos y, por suerte, ninguna vida. No es la primera vez que ocurre.
Taipe recuerda que hace 30 años pasó lo mismo. El lodazal colapsó la quebrada y se llevó lo que encontró hasta llegar al sector del exaeropuerto.
En la parte alta de los barrios como Pisulí, Ana María y Atucucho, las casas se meten entre el bosque y poco a poco lo arrinconan. Hay zonas donde constructoras han talado los árboles y empiezan a mover tierra para seguir edificando.
Por la antigua ruta a Nono, la montaña fue cortada. En la parte alta, el camino adoquinado termina y la tierra marca el sendero. En San José Obrero no hay servicio de alcantarillado y los buses escasean. Lo mismo ocurre en Catzuqui de Velasco y en Uyachul.
En Loma Gorda de Atucucho, los vecinos saben que corren peligro. Por eso, cuando el invierno empieza, el trabajo de Pedro Manuel Muñoz, de 70 años, se vuelve intenso. Su casa queda en el lindero con el bosque, por lo que junto a su esposa, Lucrecia Grande, limpian los canales loma arriba.
Con el pico y la pala hace destajes en la montaña para encaminar el agua que baja de la parte alta. Lo hace todas las mañanas y cada que empieza a llover, para que ninguna piedra tape la zanja. La pareja, que vive de vender la leche que sus vacas producen, pide que se refuerce la quebrada.
En la cima de la Comuna Alta, donde la calle Humberto Albornoz termina, las casas parecen agarrarse con las uñas de la loma. Como la calle Santa Clara no es adoquinada, se vuelve lodosa y la corriente baja espesa, arrastrando basura y ramas, tapa las alcantarillas y la situación se complica.
En La Libertad, hay casas que tienen una cerca amarilla porque están a punto de caer. Mariela Quijos es dueña de una vivienda en peligro. Su esposo la levantó y ella teme que la lluvia la afecte. No tiene planos.
Paco Moncayo, exalcalde de Quito en dos períodos (2000-2009), señala que las laderas generaban serios problemas de derrumbes y aluviones, por lo que en su gestión se llevó a cabo un proyecto para el control de laderas. Se trató de un sistema de represas sucesivas que hacen la función de amortiguadores de los aludes. El lodo se queda en las presas y baja su intensidad conforme desciende. Las represas se limpiaban luego de cada lluvia.
Además, contaban con un comisario de laderas que se encargaba de asegurarse que no se construya en áreas peligrosas y que no se deforeste.
Jorge Ordóñez, coordinador de la Dirección de Riesgos de la Secretaría de Seguridad, explica que construir en laderas, sin un criterio técnico, aumenta el riesgo. En esas zonas la gente hace desbanques y deja taludes sin protección, y el viento y las lluvias erosionan la tierra y la debilita.
Explica que, dependiendo de la zona, la cota en laderas está en unos 3 000 msnm. Sin embargo, hay asentamientos que crecen y se toman las laderas en la parte más alta.
En el 2015 se contrató una consultoría en la que se delimitaron las zonas del terreno más susceptibles. Se determinó que lo que más afecta a las laderas es la intervención humana antitécnica. Ordóñez asegura que el Municipio realiza mantenimiento a las represas.
Para Hugo Cisneros, urbanista, el problema tiene su origen en la falta de control por parte de las autoridades desde años atrás, por permitir construir en zonas de riesgo.
La Agencia de Control informó que la entidad no puede sancionar a una persona por construir en zona de riesgo o sobre la cota, lo que sí puede hacer es multar cuando las edificaciones no tienen permiso. En el año pasado, hubo 473 personas sancionadas por construir sin licencias. En lo que va del año, van 81.
El urbanista Cisneros sostiene que si no se evita la expansión descontrolada hacia esa zona, el problema empeorará.