El Consejo Nacional Electoral (CNE) verifica los requisitos e inhabilidades de los candidatos para los comicios del 2021 enfocándose más en la forma que en el fondo.
Ayer, 5 de octubre del 2020, el ente dio 48 horas para que el binomio presidencial del movimiento Amigo, que lo componen Pedro Freile y Byron Solís, subsane un error en una cédula de identidad.
El candidato Freile reconoció que se trató de un error del movimiento, ya que al cargar la documentación en el sistema solo se subió la fotocopia de la parte frontal de su cédula.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se abstuvo de votar por la subsanación e increpó a la presidenta, Diana Atamaint, por no haber “dado respuestas” sobre una supuesta relación entre la calificación de ese movimiento y el juicio político en su contra, que no prosperó en la Asamblea.
Una subsanación similar experimentó el presidenciable de Unes, Andrés Arauz, quien en su primer intento de inscripción apareció con la copia de cédula de Andrés Chano, candidato a la Asamblea, en lugar de la suya.
Unes aclaró que la documentación estuvo a cargo de un equipo y que no fue una falla de Arauz. La plataforma subsanó el error y reemplazó la nominación del expresidente Rafael Correa, solicitando en su lugar la inscripción del periodista Carlos Rabascall. El CNE aún no aprueba la calificación del binomio de Unes.
Juan Fernando Velasco, ayer, 5 de octubre del 2020, durante la inscripción de su candidatura por Construir. Foto: cortesía
¿Cómo revisa el CNE las inhabilidades? El Código de la Democracia, en su artículo 96, establece 10 impedimentos para optar a una candidatura.
José Cabrera, consejero de mayoría del CNE, señaló que los técnicos verifican que los aspirantes ingresen los documentos en el formato establecido por el organismo y que no tengan ciertas inhabilidades.
Por ejemplo, recordó que el CNE suscribió un convenio con el Consejo de la Judicatura, con el que se cruzan las bases de datos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos derivados de casos de corrupción.
Otros documentos en los que se apoya el CNE son las declaraciones juramentadas sobre no tener bienes en paraísos fiscales y no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones legales.
César Montúfar (derecha) y Julio Villacreses (centro), binomio de Concertación-PSE. Foto: cortesía
Cabrera reconoce que le sería “imposible” al CNE investigar que un aspirante tenga bienes en paraísos fiscales. Pita confirma que no se investiga si los aspirantes tienen contratos con el Estado o adeudan pensiones alimenticias y que la carga de la prueba corre a cargo del impugnador y advierte que si los postulantes dan falso testimonio en su declaración, podrían incurrir en perjurio.
Pablo Encalada, abogado penalista, asegura que el CNE se sustenta en el principio de fe pública; es decir, presume la validez de todos los documentos.
Pero si se detecta que se mintió en las declaraciones, la Fiscalía puede iniciar una investigación por perjurio, independientemente de las consecuencias administrativas.
En estos casos, según el experto, el delito de perjurio podría ser penado con prisión de tres a cinco años.
Para que se configure el delito de uso de documento falso, Encalada aclara que debe haber una conducta dolosa. “Muy rara vez se sanciona cuando es por un descuido. Por ejemplo, lo de las cédulas de los precandidatos que, según afirman, se trató de una confusión”. Las penas son de 3 a 7 años, dependiendo si es documento público o privado.
La inhabilidad de no tener contratos con el Estado solo se verifica si hay objeción de las organizaciones políticas, aseguró Cabrera. “Todas las objeciones deben tener un sustento. Recuerde que los aspirantes firman bajo su responsabilidad que no tienen inhabilidades”.
En caso de que se detecten documentos falsos, el consejero comentó que el CNE en primera instancia no da paso a la inscripción y traslada el proceso al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los magistrados, si así lo consideran, pueden incluso remitir el expediente a la Fiscalía General.
Fausto Camacho, exvocal del CNE, reconoce que la normativa electoral resulta insuficiente y que faltan procedimientos. Por ejemplo, señala que para descartar la prohibición de tener contratos con el Estado, el CNE debería tener acceso a las bases de datos del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Sercop).
Ayer, la Alianza Honestidad, que la integran el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Concertación, solicitó presencialmente la inscripción de César Montúfar y Julio Villacreses, quienes buscan la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.
Luego, llegó la fórmula del movimiento Construye, conformada por el exministro de Cultura, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. El cantautor aseguró que representan una nueva opción, alejada de los radicalismos de izquierda y de derecha.
En contexto
Una vez que termine el período de inscripciones, mañana a las 18:00, habrá tres meses en los que los candidatos podrán hacer recorridos de campaña, pero no podrán contratar publicidad electoral. Lo harán al iniciarse la campaña, el 31 de diciembre.