El presidente Lenín Moreno recibió ayer a una delegación del movimiento indígena, en el palacio de Carondelet. Foto: Cortesía Presidencia
El indulto presidencial para Tomás Jimpikit originó los aplausos de los integrantes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie).
Jimpikit fue uno de los sentenciados tras participar en las protestas contra el anterior Régimen, en el 2015. Fue señalado por paralizar servicios.
Lenín Moreno recibió ayer, 4 de julio de 2017, a 42 líderes del movimiento indígena en el Salón de Banquetes de Carondelet. La reunión arrancó con la firma del indulto a Jimpikit, quien preside la Asociación Shuar de Bomboiza, en Morona Santiago. Es el sexto indultado en el marco del diálogo nacional al que convocó Moreno.
El espacio fue aprovechado por el Ejecutivo para hacer un segundo anuncio. Se entregarán en comodato, por 100 años, dos inmuebles que ocupa la Conaie. El primero es la sede ubicada en las avenidas De los Granados y 6 de Diciembre, en el norte de Quito, y el segundo es un local en Conocoto, en el suroriente.
En diciembre del 2014, el Ministerio de Inclusión Social había notificado a la Conaie que se daba por terminado el comodato y debía desalojar el edificio matriz. Esto, bajo el argumento de convertirlo en un centro de acogida para jóvenes. Pero en julio del 2015 la medida quedó sin efecto.
Los choques entre el anterior Gobierno y el movimiento indígena fueron constantes, en especial por temas relacionados con el extractivismo.
La cita de ayer fue privada y duró alrededor de dos horas. Tras la reunión, el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, señaló que habrá encuentros periódicos con un equipo del Gobierno para tratar temas urgentes. Entre ellos están 177 amnistías y 14 indultos.
La Conaie acudió a Carondelet, tras una marcha desde el parque El Arbolito, para presentar un plan de cinco puntos para la construcción de un Estado plurinacional.
Herrera se cuidó de hablar de una aceptación al diálogo convocado por Moreno. Aunque anunció que sí estará presente en las mesas de trabajo, en las que se abordarán temas económicos, educativos y de lucha contra la corrupción.
Pese a la apertura del máximo líder del sector indígena, también hubo voces críticas, como la del presidente de Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel. Para él, no se pueden ceder espacios en el pedido de declarar a Ecuador territorio libre de extractivismo.
Los detractores del expresidente Rafael Correa se mostraron abiertos a profundizar el diálogo sobre el tema minero. Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, destacó la voluntad planteada para llegar a acuerdos.
Del lado del Gobierno, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, señaló que discutirá la agenda de los indígenas con “la Constitución en la mano”. Para ella, no es posible aceptar la tesis de Pérez Guartambel sobre la eliminación de la explotación petrolera y minera, porque eso iría en contra de la Constitución. La posición del Régimen sobre los indultos y amnistías se mantiene y cada caso será revisado.
El presidente Moreno adelantó que se tramitan aquellos que no “afectan nocivamente al Estado”. La Ministra de Justicia precisó que también existen procesados, por ejemplo, por el homicidio del policía José Mejía.
La Asamblea Nacional es la encargada de tramitar cerca de 177 casos de amnistía. Una comisión especializada analiza que las peticiones cumplan los requisitos de ley.
Henry Cucalón, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), sostuvo que los expedientes serán remitidos a la Comisión de Justicia para tomar una decisión al respecto. La legisladora oficialista Verónica Arias puntualizó que la amnistía no se podrá ejecutar para todos. “Hay casos que se están procesando por terrorismo o asesinato”, indicó.