Desde la sede de la Conaie, al norte de Quito, salió la marcha que pretendió llegar hasta la Plaza de la Independencia. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO.
Los indígenas ven el tema como una cortina de humo. La alarma que se ha producido alrededor del anuncio del Gobierno de la terminación del convenio de comodato para la ocupación de la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es, para ellos, la manera que encontró el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública de otros temas importantes.
Por ello, su agenda de temas está compuesta de una larga lista. Encabeza el de la sede de la Conaie, pero continúan: la Ley de Tierras y su consulta prelegislativa, el Decreto 16, la criminalización de la protesta social, la justicia indígena, el rechazo al acuerdo comercial con la Unión Europea, la muerte del líder antiminero José Tendetza… Estos quedaron establecidos en las resoluciones de la asamblea general que se instaló el mediodía de ayer (6 de enero).
Y con todas esas consignas, los indígenas continuaron su segundo día de manifestaciones en Quito. Marcharon desde la sede de la Conaie, en la av. Granados y 6 de Diciembre, con rumbo a Carondelet. Pero no lograron entrar hasta la Plaza de la Independencia, donde encontraron un gran despliegue policial.
Así ratifican su estado de emergencia a pesar de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que pidió el desalojo del edificio a inicios de diciembre pasado, haya anunciado que no habrá desalojo por el momento. Ayer, en entrevista con EcuadorTV, la ministra Betty Tola dijo que “no se usará la fuerza pública”.
La suspensión de la medida se daría por hasta dos meses, que es el plazo que tiene el Ministerio para analizar el recurso de reposición interpuesto por la Conaie. Según Tola, el tiempo corre desde ayer y respetarán “el debido proceso”.
El escrito fue presentado por los indígenas el 23 de diciembre, después de la asamblea de emergencia que realizaron en Quito. Allí se hizo dos pedidos al MIES: la revocatoria de la terminación unilateral del comodato y la entrega del título de propiedad del edificio que está en sus manos desde 1991.
Si de momento se descarta el desalojo, ¿para qué continuar con las manifestaciones? El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, dice que es justamente por esta “cortina de humo”, para recordarle a la ciudadanía los temas de interés nacional.
“Detrás de esto hay otros intereses. ¿Son acaso las mineras las que presionan al Gobierno para aniquilar a las organizaciones sociales, las petroleras interesadas en el Yasuní, las chinas interesadas en la Cordillera del Cóndor?”, se pregunta.
Por ello, este tiempo deberá ser aprovechado por los indígenas, en palabras de Franco Viteri Gualinga, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae, fracción amazónica de la Conaie). “No nos debemos quedar dormidos. En estos dos meses debemos aprovechar para unificarnos”, señala y lo dice frente al anuncio de Alianza País de la creación de una “Alianza Indígena”, integrada por sectores cercanos al Régimen.
Pero en el oficialismo ve las manifestaciones indígenas con otros ojos. Gilberto Guangamate, legislador por Alianza País, cree que el diálogo se debía agotar antes de comenzar con las manifestaciones. “No era necesario agotar elementos de resistencia cuando estos deben ser la última opción. Debe primar el interés de la dirigencia por el diálogo”, comenta.
El asambleísta Carlos Viteri Gualinga, parte de la nueva Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana, señala que hay “un sector de la dirigencia” que hace uso de la victimización para buscar la solidaridad.
“Consideran que esa casa expresa en síntesis las demandas históricas y los derechos de las nacionalidades cuando no lo es. Los derechos y demandas de las nacionalidades y las luchas están señalados en nuestra Constitución”.
La marcha de ayer intentó, sin éxito, llegar hasta el Palacio de Carondelet. La Policía impidió su entrada hasta la Plaza Grande. Sin embargo, una delegación de cinco personas entregó un mensaje en la Presidencia. El texto llegó desde San Clemente, comunidad caranqui de Imbabura, en las manos del chasqui Ayny Guamán, que salió de allí el viernes.