2 de September de 2009 00:00

Las indemnizaciones rompen a la mayoría

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Redacción Política

Las indemnizaciones que recibirán los empleados de las empresas públicas que voluntariamente presenten sus renuncias fue motivo de polémica al interior de la mayoría oficialista que controla la Asamblea Nacional.

El tema fue parte del veto que el presidente de la República, Rafael Correa, impuso a la Ley de Empresas Públicas que fue conocido ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Las discrepancias se presentaron por cuanto los asambleístas del bloque Alianza Democrática por la Equidad (ADE) y los representantes de la oposición se negaron a dar paso a una propuesta del Ejecutivo.

Esta plantea que los empleados que voluntariamente presenten sus renuncias reciban una indemnización de siete salarios unificados por cada año de servicio, pero con un tope de hasta 200 salarios, es decir USD 43 600.

Después del debate y ante la falta de acuerdos, la votación sobre este punto se suspendió. Virgilio Hernández, del Movimiento País, indicó que hay varios sectores en la Asamblea que juegan un doble discurso.

Sin embargo, se mostró optimista de llegar a un acuerdo para votar en este punto. “Los derechos de los trabajadores están garantizados en esta Ley, dijo.

Los otros puntos del veto del Ejecutivo sí fueron aceptados por la Asamblea. De esa forma se aprobó que en la contratación del talento humano en las empresas públicas se realice a través de procesos de selección.

Se eliminó la disposición que determina que el Presidente de la República será el que conceda la autorización para la realización de las inversiones, inclusive en el exterior y que la obtención de financiamiento internacional debe efectuarse por concurso público y no directamente.

Así mismo, se prevé que el control de estas empresas se realice a través de la Contraloría General del Estado; la unidad de auditoría interna y el Consejo de Participación Ciudadana. Para la recaudación de los valores adeudados por los clientes, dichas empresas gozarán de jurisdicción coactiva.

En otro tema, con 64 votos a favor, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de reformas la Mandato Constituyente 10.

De esta forma se establece que hasta el 12 de octubre próximo se aplicará la portabilidad numérica, es decir, los propietarios de teléfonos celulares podrán mantener su número, aun cuando se cambien de empresa operadora o de red.

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