1 de septiembre de 2018 00:00

Seis indagaciones por disturbio en Mascarilla, en Imbabura

Las instalaciones del Control de Mascarilla quedaron inhabitables tras el ataque. Foto: Álvaro Pineda / para EL COMERCIO

Las instalaciones del Control de Mascarilla quedaron inhabitables tras el ataque. Foto: Álvaro Pineda / para EL COMERCIO

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Washington Benalcázar. 
Coord. Sierra Norte (I)

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La Fiscalía investiga seis delitos alrededor del enfrentamiento entre los habitantes del valle del Chota y miembros de la Policía, que ocurrió hace 10 días en Mascarilla, Imbabura.

Los expedientes abiertos tienen relación con el accidente de tránsito que desató los disturbios, el secuestro de una grúa, la muerte de un joven; además el cierre de la carretera E-35 y el incendio, saqueo y destrucción de un edificio de la Policía y un patrullero.

Los detalles de lo ocurrido ese 23 de agosto, se recogen en 20 partes informativos, que la Policía entregó a la Fiscalía de Imbabura y en los que se señala a más de una docena de posibles involucrados.

Los casos se encuentran ahora en manos de seis agentes investigadores. Cinco indagaciones son reservadas y la última está en fase de instrucción fiscal, luego de que un cabo primero de la Policía fuera señalado como responsable del disparo en la cabeza que recibió Andrés Padilla, de 24 años.

La víctima era oriunda de la comunidad afroecuatoriana de El Juncal.

El incidente se inició luego de un choque entre dos vehícu­los, a las 05:51 del 23 de agosto, en la parroquia Salinas.

Jacqueline Delgado (con bastón), madre del fallecido, encabezó una marcha el jueves. Foto: Álvaro Pineda / para EL COMERCIO

Jacqueline Delgado (con bastón), madre del fallecido, encabezó una marcha el jueves. Foto: Álvaro Pineda / para EL COMERCIO


Según el informe policial, los agentes intentaban llevar hacia los patios de retención vehicular de Ibarra dos camionetas a bordo de dos grúas.

Sin embargo, un grupo de personas se opuso al traslado de uno de los automotores, que no tenía placas. Tras forcejeos, un ciudadano secuestró el remolque. A través de radio, los policías solicitaron que se impidiera el paso del vehículo secuestrado, a sus compañeros del Control Integrado de Mascarilla, a 3 km de Salinas. Los uniformados colocaron vallas metálicas. Pero hasta ese lugar llegaron personas de comunidades del valle del Chota.

El jueves, los familiares del joven realizaron una marcha pacífica en Mascarilla para exigir sanción a los responsables. La Policía desplegó un contingente de policías antimotines en caso de que la manifestación se tornara violenta.

Durante la protesta, Jacqueline Delgado dijo que aún no se explica por qué su hijo recibió un balazo. Ese día el joven había tomado su vehículo para ir a Ibarra. Pero en el trayecto se topó con los disturbios. Padilla deja una hija de cinco años en la orfandad.

Este viernes, 31 de agosto del 2018, en cambio, los padres del policía procesado convocaron a una rueda de prensa en la que denunciaron que han recibido amenazas telefónicas de personas no identificadas.

El cabo lleva 13 años en la Policía. Él está preso en la Cárcel N°4 de Quito, en donde se recupera de una herida en la cara y golpes en brazos y piernas.

Luego de 10 días de investigaciones, los agentes todavía no han establecido la razón que llevó al conductor de la camioneta a fugarse a toda costa.

Para los investigadores, la recolección de pruebas en los primeros días fue difícil. El personal de Criminalística, por ejemplo, pudo entrar a Mascarilla recién el 24 de agosto, un día después de los disturbios. Solo entonces se recogieron las evidencias y se hizo un reconocimiento fotográfico.

No lo hicieron antes, porque los manifestantes se tomaron la vía e impedían el ingreso de los agentes y el fiscal de turno.

La Policía también reinició sus labores en el sitio un día después. Jimmy Viteri, jefe del distrito Ciudad Blanca, explica que este punto, ubicado entre la frontera con Colombia y el centro del país, es estratégico.

Actualmente, 20 policías laboran en turnos de 12 horas. Realizan controles de migración, ambiente, contingencia fronteriza, contrabando, tráfico de drogas, entre otros.

Tras la gresca, la Policía realizó un inventario de los daños. Las instalaciones del Control Integrado quedaron inhabitables. El local tenía capacidad para acoger a 30 personas. En sus paredes blancas aún se ven las marcas del hollín. Ahora se busca a los responsables de prender fuego al destacamento y a un patrullero.

La grúa sustraída ya fue hallada. El vehículo estaba abandonado en El Juncal. En cambio, los agentes aún rastrean el paradero del vehículo sin placas y de tres motocicletas de la Policía, que desaparecieron el día del incidente.

Otras evidencias que están en poder de la Fiscalía son los videos de la protesta que se difundieron en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios ciudadanos forcejean con los gendarmes. También se escuchan disparos y los gritos de la gente. En otra secuencia de las imágenes se evidencia cómo la wincha acelera y se dirige hacia el norte.

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