El asesinato de una niña en Guayaquil, que fue reportada como desaparecida, generó repudio entre la ciudadanía. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
Durante la emergencia sanitaria han sido asesinados 13 niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Así lo revela un informe oficial de la Defensoría del Pueblo. El ente ha expresado su preocupación por el incremento de muertes violentas de los menores y a ha exhortado al Estado a priorizar la creación de espacios seguros para los más pequeños.
Según el documento, las víctimas, en su mayoría, han sido atacadas por parte de las personas que las cuidaban o que las conocían.
Por eso, la Defensoría emitió un pronunciamiento con relación a estos crímenes y también se dirigió a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía. A esta última solicitó que se investigue y se juzguen todos los hechos de violencia en contra de los menores.
A la Asamblea Nacional la instó para que acelere la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.
El pronunciamiento de la Defensoría se da luego de que el jueves pasado se reportara la desaparición de una niña de 10 años en Guayaquil. Un día después la menor fue hallada sin vida en un costal que estaba en un río del sector del Guasmo.
Ese mismo día, las autoridades encontraron el cuerpo de una niña de ocho años en Huigra. Las investigaciones determinaron que la pequeña tenía señales de haber sido ahorcada.
Por todos estos hechos, en ciudades como Guayaquil activistas de Derechos Humanos se han manifestado para pedir al Estado que proteja a los más niños. Eso ocurrió la mañana y tarde de ayer, 15 de junio del 2020.
“En una sociedad como la ecuatoriana no es concebible que niñas y niños mueran antes del año de edad por situaciones precarias; que sean abusados sexualmente por gente conocida y cercana a ellos; que sean maltratados física y emocionalmente por sus padres y parientes”, señala el comunicado de la Defensoría.
La entidad también detalló que el “Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar todos los actos que vulneren los derechos de los niños”.
EL COMERCIO
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