Con un proyecto de ley se busca que personas con males catastróficos
o preexistentes reciban atención. Las firmas dicen que sí tienen planes de cobertura. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO
Ocurrió en una cita con la dentista de la compañía de medicina prepagada que Rómulo V. había contratado antes de tener VIH. La doctora le sacaba una muela. Cuando él comenzó a sangrar se percató de que ella no llevaba puesta los guantes quirúrgicos.
Se asustó y le preguntó: “¿Señorita, usted siempre trabaja sin guantes?”. Ella asintió con la cabeza y Rómulo le contestó: “Tengo VIH, por favor protéjase las manos”. La mujer se asustó, se puso la protección y le sacó la pieza dental.
Al siguiente día, los directivos de la compañía de medicina prepagada le llamaron y se reunieron con él. Le indicaron que su contrato no cubría a pacientes con VIH y lo dieron por terminado. Rómulo llevaba más de cinco años en esa empresa y hasta sus familiares estaban afiliados.
La ampliación de la cobertura de medicina prepagada para enfermedades congénitas, genéticas y hereditarias, así como las preexistentes, crónicas o catastróficas, está planteada en el artículo 15 del proyecto de ley que regula a las 24 empresas que brindan ese servicio a escala nacional. El texto está listo para votación en la Asamblea. Pamela Falconí, de Alianza País, impulsa la iniciativa y sostiene que la finalidad es evitar la discriminación.
“Crea un nuevo marco jurídico a la ley vigente de 1998, que beneficia solo a las empresas”, puntualiza la asambleísta Falconí. Añade que, actualmente, las personas mayores de 65 años con discapacidad o enfermedades catastróficas, preexistentes o crónicas no pueden contratar medicina prepagada porque son consideradas de doble siniestralidad. Eso corrige la nueva norma, dice.
Hasta el 2015 hubo 987 297 usuarios afiliados a las compañías de medicina prepagada en el país, según la Comisión de la Salud, que se basa en datos del Ministerio de Salud Pública.
De ellos, el 59,73% se concentra en tres empresas. Falconí también indica que todas las firmas de medicina prepagada facturaron USD 460 millones el 2015. Lo que se busca con la nueva normativa es, según ella, “garantizar el derecho a la salud y amparar a la ciudadanía de clase media que ocupa estos seguros médicos”.
El vicepresidente de esa Comisión, el oficialista Carlos Velasco, asegura que una de las prioridades de la normativa es que se atienda oportuna y adecuadamente a la gente que requiere el servicio de medicina prepagada.
Sin embargo, las compañías ecuatorianas que prestan ese servicio hacen observaciones al proyecto. Eduardo Izurieta, presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, sostiene que en un sistema como el actual, en el que los clientes contratan voluntariamente un plan de medicina prepagada, las enfermedades preexistentes, diagnosticadas o conocidas deben ser excluidas. La razón: “existe el riesgo de que una persona contrate un plan cuando se le diagnostica una enfermedad y se desafilie cuando el mal termine de ser tratado o sea curado”.
A su juicio, esto haría que el sistema de medicina prepagada quiebre. “Imagine que el IESS fuese voluntario y que las personas solo se afilien cuando conocen de una enfermedad y se desafilien cuando ya no necesiten tratamiento. Sería insostenible. A pesar de esto, propusimos que la Asamblea Nacional haga un estudio técnico que permita a los usuarios con enfermedades preexistentes acceder al sistema a través de períodos de carencia y límites de cobertura definidos de manera técnica”.
Asegura que las enfermedades catastróficas sí son cubiertas por las compañías de medicina prepagada, pero el inconveniente surge cuando estas son preexistentes. “No es un problema porque si alguien contrata un plan de medicina prepagada y después le diagnostican cáncer u otro mal, eso estaría perfectamente cubierto hasta los límites del plan”.
Para Rómulo V. es necesaria una normativa para que no se discrimine a los pacientes con VIH en las compañías de medicina prepagada. Él dirige un gremio de personas con esa enfermedad y pide que les atiendan problemas comunes como resfríos, atenciones dentales, lesiones… Reitera que el Estado se encarga de sus tratamientos de VIH y las medicinas. Pero pide mayor inclusión para temas cotidianos.
Con ese criterio coincide Rafael T., de 46 años, quien contrajo la misma enfermedad en el 2003. Cuenta que adquirió un seguro de medicina prepagada cuando ya le habían detectado VIH. Por un año pagó las mensualidades y, al ver que no necesitaba atención porque se encontraba bien de salud, decidió cancelar el contrato. Al principio, en la compañía trataron de convencerlo para que no se fuera, pero cuando explicó que tenía VIH le entregaron de inmediato un documento con el que se oficializaba el cierre del acuerdo y le devolvieron el dinero que pagó. Firmó ese documento y le pidieron que saliera de la oficina.
¿Cómo se atiende a los pacientes de VIH en medicina prepagada? El problema no radica en esta enfermedad, sino en su preexistencia. Izurieta explica que ya depende de cada firma si se incluye en el plan a las personas con VIH.
Con la nueva norma también se busca que las empresas cubran en sus planes a los adultos mayores. Rita O., de 72 años, pagaba una mensualidad en una compañía que le indicó que no podía ayudarle. Ella requería tomografías. Y además necesitaba que le extrajeran un riñón. Ante eso, desde la empresa le notificaron que cerraban su contrato por los altos costos de sus tratamientos.
Para atender a pacientes mayores de 65 años hay compañías de medicina prepagada que tienen planes y llevan registros. En Ecuasanitas, por ejemplo, indicaron que de más de 90 000 afiliados, 6 871 eran de la tercera edad hasta el 28 de julio de este año.
En la Comisión de Salud, en el análisis del proyecto de ley que regula la medicina prepagada, se informó que se receptaron quejas y denuncias de gente que tuvo contratiempos.
Ante eso, 8 asambleístas solicitaron, el 15 de junio pasado, que les entregaran cifras de la cantidad de “denuncias de afiliados” para conocer la lista de casos y las empresas a las que se señalaron en los reclamos. Pero aún no hay información.
Frente a eso, Izurieta dice que las compañías de medicina prepagada tienen un promedio de dos millones de prestaciones anuales y que el número oficial e histórico de quejas (500) es mínimo frente a la cantidad de usuarios. Sostiene que la mayoría de los clientes está satisfecho.
El tema de la cobertura y las quejas de usuarios generan debate. En el Legislativo aún no hay fecha para la votación.