En la Unión Europea se analiza aplicar cuatro tributos. En Latinoamérica hay reformas que buscan ‘impuestos solidarios’. Foto: ingimage
¿Quién pagará la factura que está dejando el covid-19 en el mundo? La respuesta está en la serie de iniciativas que analizan bloques económicos, regiones y países, para compensar los multimillonarios paquetes de ayudas o subsidios que se han destinado en los primeros dos cuatrimestres del año, con el fin de atenuar el impacto económico del confinamiento y el estancamiento de la producción y el consumo.
Lo cierto es que en medio del análisis de cómo financiar la factura y desde cuándo, más allá de acudir al endeudamiento, la recuperación de los países deberá ser asumida por todos a través de impuestos.
Los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) han sido los primeros en tomar decisiones y lo hicieron en una cumbre celebrada el 21 de julio. Tras una maratónica jornada, acordaron crear un fondo de USD 860 000 millones, destinado a apoyar a los miembros del bloque afectados por la pandemia. De acuerdo con los compromisos asumidos en esa cita, la presentación formal de los planes para acceder a esos fondos se hará hasta abril del 2021, y se espera que los desembolsos se concreten en el transcurso del primer semestre del siguiente año.
Pero el financiamiento de ese multimillonario fondo debe obtener ingresos de alguna parte. Si bien habrá emisión de deuda, también se analiza echar mano de los impuestos. Al menos son cuatro tributos que se contempla aplicar: tasa sobre el plástico, impuesto sobre el carbono, tasa a empresas de Internet y un tributo a las transacciones financieras.
Se espera poner en marcha la tasa sobre los plásticos el 1 de enero del 2021. El impuesto lo pagarían los Estados miembros en función del peso de los residuos de embalajes de plástico no reciclados, con una tasa de referencia de 0,80 euros (USD 0,92) el kilogramo. Esto le permitiría a la UE obtener ingresos de aproximadamente USD 9 000 millones al año.
En cuanto al impuesto aplicable a las grandes compañías de Internet, cuya facturación anual global supera los USD 800 millones al año, podría suponer ingresos a la UE de hasta USD 1 500 millones al año.
La definición y aprobación de estos nuevos tributos está en marcha; y se espera sean tratados en los próximos meses, en cada uno de los parlamentos de los 27 países miembros.
Pero no solo la UE busca cómo financiar los planes de rescate económico derivados del efecto del covid-19. Reino Unido, exintegrante del bloque europeo, también sufre las secuelas económicas. Las finanzas públicas británicas se deterioran a gran velocidad, debido al costo de las medidas de ayuda a la economía frente a la crisis sanitaria. En julio, la deuda se estableció en 2 004 billones de libras (USD 2,61 billones), según la Oficina Nacional
de Estadísticas.
El Gobierno invirtió miles de millones de libras para mantener a flote la economía desde el confinamiento, especialmente en un plan de subsidios de desempleo parcial. Entre los impuestos que están en agenda constan una tasa sobre el combustible, la introducción de un gravamen especial a las ventas en línea, la armonización de los impuestos a las ganancias de capital y el aumento al impuesto de sociedades.
En Latinoamérica también se buscan mecanismos para financiar la millonaria factura. El Congreso de Argentina debate un impuesto a las grandes fortunas, tras presentarse un proyecto a finales de agosto, que contempla el gravamen por una sola vez y con ocasión de la pandemia del covid-19. El impuesto alcanzará a aquellas personas que hayan declarado un patrimonio de más de 200 millones de pesos (USD 2,5 millones), al cierre del 2019.
Los pedidos de que sean los más ricos y poderosos quienes ‘más ayuden y se sacrifiquen’ para pagar el gigantesco costo de las medidas por la emergencia se replican en países como España, Italia y Brasil.
Y esto incluso sucede en países que inmediatamente producido el efecto covid reaccionaron con el anuncio de entregar paquetes de ayuda, gracias a sus millonarias reservas. Uno de ellos es Perú. El presidente Martín Vizcarra es partidario de aplicar el denominado ‘impuesto solidario’, para aquellos que ganen más de 10 000 soles mensuales (USD 2 800).
En Chile, en cambio, la oposición propone una reforma constitucional que permita cobrar por una sola ocasión un impuesto del 2,5% del patrimonio bruto a las personas naturales que igualen o superen los USD 22 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también entró al debate. En un documento elaborado por el Departamento de Finanzas Públicas del organismo, llamado ‘Tax Issues: An Overview’ -y que forma parte de una serie especial sobre políticas fiscales en respuesta al covid-19-, sus autores plantean una serie de medidas para “asegurar la recaudación y fomentar la solidaridad”.
Mientras el debate crece y los proyectos de reformas tributarias se multiplican, hay quienes se oponen a la creación de más impuestos, sobre todo porque la aplicación de tributos aleja las inversiones, afecta la generación de empleo e incluso puede alentar la fuga de capitales y hasta despertar antagonismos alrededor de la inequidad. Pero en definitiva, la factura la deberá pagar alguien; es decir, todos.