22 reformas tributarias en casi una década en Ecuador

El número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 millones en el 2016. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 millones en el 2016. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 millones en el 2016. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

En menos de una década se han puesto en marcha 22 reformas tributarias. El reciente proyecto de Incentivos, aprobado por la Asamblea y que espera de la sanción del Ejecutivo, se incluye en esta larga lista.

En estos diez años la recaudación casi se triplicó y pasó de USD 5 362 millones en el 2007 a 13 590 millones esperados en el 2016, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Las reformas generaron unos 300 cambios para el contribuyente.

El SRI cree que un 92 % de la recaudación se explica por una mejora en la gestión (menor evasión y elusión) y solo 8% por las reformas, las cuales han respondido, al menos, a seis objetivos.

El número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 millones en el 2016.

Para Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, si bien las reformas buscaron corregir algunos temas que preocupaban al Gobierno, como la elusión o la salida de divisas del país, el principal fin ha sido recaudatorio. Ello explica el peso que tiene, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Y aunque hubo incentivos, no fueron suficientes para atraer inversión.

El asambleísta Ramiro Aguilar calificó a las reformas de erráticas y con un fin recaudatorio. “Con un cambio tributario, el Estado puede incentivar un sector y desincentivar otro. Eso es planificación. Pero aquí se da una reforma cada vez que el Gobierno necesita plata sin entender el impacto y que hay un golpe a la economía”.

En busca de la redistribución

El 2007, el Gobierno anunció una “profunda” reforma para reducir las brechas entre ricos y pobres. La norma aprobada por la Asamblea de Montecristi incluyó dos cambios para, según el Régimen, “vencer el histórico cáncer social de la desigualdad”: alza del impuesto a las herencias del 5% hasta un tope del 35% y cambio a la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, que elevó el tope del tributo del 25 al 35%. Pero al cabo de nueve años, según el Gobierno, el “cáncer” no había desaparecido; por ello, en junio del 2015 envió una nueva reforma para subir el impuesto a la herencia hasta un tope del 77,5%. El proyecto fue retirado temporalmente, debido a protestas ciudadanas y quejas de constructores, que alertaron sobre una paralización de su actividad.

Evitar salida de divisas

El impuesto a la salida de divisas (ISD) se creó el 2008 y gravaba con 0,5% a las transacciones hacia el exterior. En 2009 subió al 1%; un año después pasó al 2% y desde 2012 es del 5%. Sin este tributo, “ya hubiéramos sido expulsados de la dolarización”, sostuvo vía correo el SRI. Para la Federación de Cámaras de Industrias, el ISD afecta a la actividad productiva al gravar incluso a materias primas y bienes de capital. Pese al crédito tributario para ciertos productos y a que hay exenciones (por ejemplo, desde 2015 está exento el financiamiento externo a través del mercado de valores), el ISD afecta a la liquidez de la industria, acota. Para el titular de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, lo que incentiva la salida de dólares es la falta seguridad jurídica.

Rebajas de impuestos

Expertos y gremios del sector productivo califican como positiva la reducción del 25 al 22% de la tarifa del impuesto a la renta (IR). El beneficio se introdujo en el 2010 con el Código Orgánico de la Producción. Más de 119 000 sociedades se beneficiaron de esta reducción, según el SRI. Además, incluyó otros incentivos como exoneración del IR hasta por 10 años para nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, beneficios por nuevos empleos o por emplear a personas con discapacidad, etc. Para Francisco Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, no obstante, los incentivos han sido mínimos e insuficientes para alentar nuevas inversiones. Un beneficio importante para personas naturales es la deducción de gastos personales en el pago del IR.

Lucha contra la evasión

La punta de lanza contra la evasión fiscal ha sido el combate de los paraísos fiscales. Para ello, el SRI no solo los identificó sino que impuso incrementos impositivos, cuando capitales ecuatorianos van a esos destinos. El cobro del anticipo al impuesto a la renta (IR) también busca reducir la evasión. Para ello, desde el 2010 este tributo no grava la renta sino la operación de las empresas. Según el SRI, 65% de firmas paga un IR mayor al anticipo y solo 35% paga más por anticipo que por IR. La ley dice que la tasa del IR es del 22%. Pero, según la Federación de Cámaras de Industrias, el impuesto efectivo que terminan cancelando es del 45%. El exceso no se recupera. Esto último será remediado con la reciente reforma, que espera la sanción del Ejecutivo.

Necesidad fiscal

El SRI insistió, vía correo, que el 92% de la presión fiscal responde a una mejora en la gestión y no a las reformas. Aun así, a lo largo de los años las tasas de algunos impuestos aumentaron y se crearon otros, como el impuesto a la salida de divisas, cuyo peso en la recaudación subió del 3 al 9% entre 2009 y 2015, según datos del SRI. La baja del precio del crudo desde el 2014 motivó varias reformas para generar ingresos para el Fisco, como la Ley de Incentivos a la Producción, aprobada ese año; la de Equilibrio Fiscal, de abril pasado, que gravó con ICE a la telefonía corporativa, subió el ICE a la cerveza, etc. Y, en este año, el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas motivó la Ley de Solidaridad, que creó contribuciones a salarios, utilidades, etc.

Cambios de conducta

En la última década, el SRI también emprendió una lucha en contra de “los males más importantes” de la sociedad. En el 2011 introdujeron los llamados impuestos verdes para botellas plásticas no retornables y a la contaminación vehicular. Desde el 2010, el ICE para cigarrillos subió cada año y el sector licorero tuvo cinco alzas tributarias. Gracias a ello, dice el SRI, entre 2010 y 2015, la producción de cigarrillos bajó de 2,2 millones a 1,5 millones de unidades y la de licor, de 24 millones a 18 millones de litros. Para Felipe Cordovez, titular de la Asociación de Importadores de Licores, un análisis sobre consumo de licor debe incluir el aumento del consumo de otras categorías (como cerveza) y de licores ilegales. “El contrabando ha crecido de manera importante”.

Réplica

A pedido de Paola Hidalgo V. / Subdirectora General de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas

En referencia al trámite número 917012016007766, enviado el 31 de octubre de 2016 por diario EL COMERCIO, en el que se solicita al SRI el sustento para publicar la réplica remitida al medio el pasado 28 de octubre sobre la nota titulada “22 reformas tributarias en casi una década”, me permito detallar los datos relevantes que el Diario no publicó y que fueron enviados, por correo electrónico, en respuesta a una solicitud de la periodista Valeria Heredia, pedido que fue atendido el 02 de septiembre del presente. De igual manera, como institución insistimos en el pedido de réplica dadas las opiniones de varios actores sociales recogidas por el Diario, las cuales presentan imprecisiones al no dar un contexto adecuado.

En la nota publicada por el Diario se indica que en menos de una década se han puesto en marcha 22 reformas tributarias, omitiendo la explicación objetiva y básica de que las mismas se basaron principalmente en cumplir con los principios rectores del artículo 300 de la Constitución Política del Ecuador, que indica que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Por lo tanto, la política tributaria no solo tiene objetivos recaudatorios sino también regulatorios, así como promover conductas responsables.

Estos principios están presentes en las reformas tributarias y lineamientos de política pública. Este argumento responde a las opiniones recogidas por medio de Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y del asambleísta Ramiro Aguilar, quienes aseguran en la nota que las reformas tienen solamente un fin recaudatorio.

Sobre la aseveración de Richard Martínez de que el principal fin de las reformas tributarias ha sido el recaudatorio, es preciso indicar que es un grave error pensar que la estructura tributaria es inmutable.

Tiene que modificarse con el tiempo, en primer lugar, para responder a los lineamientos de las políticas y, en segundo lugar, porque los contribuyentes y sus estrategias tributarias evolucionan.

El asambleísta Ramiro Aguilar califica a las reformas como “erráticas y con un fin recaudatorio”; sin embargo, no es posible imaginar un gobierno que no diseñe un incentivo tributario para sostener el empleo en épocas de crisis. Imaginemos un gobierno cuyo sistema tributario no reaccione frente a la emergencia generada por una catástrofe natural.

La actividad regulatoria que muchos analistas perciben negativamente, es en realidad un indicador muy positivo, muestra la voluntad del Estado para adaptarse al ciclo económico, para responder a las preferencias políticas de la ciudadanía (que tampoco son inmutables), para responder a las emergencias y obedecer también al objetivo de mejorar las normativas para hacerlas más eficientes y contrarrestar las estrategias elusivas de los contribuyentes menos responsables.

Por otro lado, el análisis de EL COMERCIO es reduccionista cuando indica que “el 2007 el Gobierno anunció una profunda reforma para reducir la brecha entre ricos y pobres. La norma aprobada por la Asamblea de Montecristi incluyó dos cambios para según el régimen vencer el histórico cáncer de la desigualdad social: alza del impuesto a las herencias del 5% hasta un tope de 35% y cambio a la tabla del impuesto a la renta de personas naturales que elevó el tope del tributo del 25 al 35%”, pues no considera todas las medidas planteadas en ese entonces que buscaron reducir la desigualdad, beneficiar a los estratos de bajos y medios ingresos y redistribuir el ingreso.

Con este argumento, el SRI aclara que el Diario omite el objetivo central de las reformas, ya que impide al lector generar una opinión integral sobre el tema.

En referencia a la afirmación de la Federación de Cámaras de Industrias de que el ISD afecta a la actividad productiva y la liquidez de la industria, el SRI replica esa aseveración al manifestar que con este impuesto se ha garantizado la estabilidad del sistema monetario y se ha frenado la salida de capitales a paraísos fiscales, con lo que se combate también la competencia desleal, ilegal e ilegítima que tanto afecta al sector productivo.

Frente a la percepción de Francisco Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, citado por diario EL COMERCIO, de que los incentivos han sido mínimos e insuficientes, con la réplica solicitada demostramos que como nunca antes este Gobierno ha implementado reformas orientadas a la producción y a la inversión.

1. Reformas en favor de la redistribución

Como nunca antes se han emprendido reformas para que se beneficien los estratos de bajos y medios ingresos; y, al mismo tiempo, que paguen más quienes más tienen: se elevó la tarifa de impuesto a la renta de personas naturales hasta el 35% para quienes más ingresos tienen y se implementó la deducción de gastos personales, beneficiando a los que menos ingresos tienen.
Por primera vez se comenzó a cobrar impuestos a los dividendos, que son ganancias de capital que antes estaban exentos. Se cambió la Ley de Herencias para combatir la evasión de los ricos.
Todos los ecuatorianos se beneficiaron al tener un sistema más justo y estamos venciendo al histórico cáncer social de la desigualdad.

Reformas en favor del empleo y de la producción de bienes

En este eje se han emprendido grandes incentivos fiscales como el COPCI en el que se exonera de impuesto a la renta por cinco años a las nuevas inversiones, se otorgan beneficios adicionales por nuevos empleos y empleo a personas ton discapacidad.

Por otro lado, se categorizó a nuestros más pequeños contribuyentes en un régimen simplificado de impuestos (RISE). En años recientes se expidieron leyes importantes incentivando a las alianzas público-privadas, estímulos fiscales a la minería, entre muchos otros cambios que benefician al empleo y a la producción.

Reformas que promueven conductas ecológicas

Dos impuestos para combatir los males más importantes: los desechos sólidos (impuesto a las botellas) y la contaminación del aire impuesto a la contaminación vehicular).

Todos los ecuatorianos se benefician de un ambiente más sano y el reciclaje se ha multiplicado. Además este impuesto ha generado ingresos a más de 20 000 personas que viven de minar en los botaderos de basura del país.

Reformas que promueven conductas sociales responsables

Incremento de impuestos a cigarrillos y licores para erradicar conductas sociales indeseables.

No podíamos ser indolentes de estos males sociales que traen violencia familiar, muerte y reducen la eficiencia económica, pues debilitan las condiciones de trabajo y producción de los ciudadanos.

En mayo de 2016, se creó el ICE a las bebidas azucaradas, con esto el Ecuador siguió la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hizo un llamado global a los países para que aumenten los impuestos a las gaseosas y otras bebidas azucaradas y así ponerle fin a la epidemia de obesidad y diabetes.

Reformas que promueven conductas económicas responsables

A partir de 2008, el SRI por primera vez, emprendió una lucha frontal contra los paraísos fiscales, al publicar el listado de países con este tipo de regímenes que tienen una menor imposición y que sirven para resguardar la corrupción, el lavado de dinero y el contrabando. No aplica beneficios tributarios para aquellos que transaccionan con paraísos fiscales. Se incrementa la tarifa de retención de impuestos del 22% al 25% en pagos a paraísos fiscales.

La Administración Tributaria puede difundir el nombre de los contribuyentes que realizan planificación fiscal negativa, por ejemplo, quienes realicen transacciones con paraísos fiscales y empresas fantasmas.

Como se ha evidenciado, mejoramos nuestra capacidad de control e investigación fiscal, lo que ha contribuido a desalentar el fraude, la evasión y la elusión. Hemos contribuido a crear y extender la cultura tributaria.

Tenemos una mejor distribución del ingreso. Disponemos de muchos incentivos tributarios a la producción y a la inversión.

Hemos demostrado tener la capacidad de atender la emergencia fiscal generada por el terremoto del 16 de abril, con lo cual el SRI puede decir con orgullo que ha sido un actor clave en la atención de las necesidades cotidianas y también de las emergencias nacionales.

De acuerdo a estas premisas, el hecho de que el diario asuma en la nota y desde su titular, que las reformas han tenido como principal fin la recaudación de impuestos, afecta la dignidad, honra y reputación del SRI, que como se prueba en las varias líneas de este documento, la institución ha trabajado en el marco de una política ributaria coherente y enmarcada en los principios constitucionales de igualdad, equidad y justicia, a través de múltiples acciones coordinadas que se enfocan en la mejora continua de los servicios y la eficiencia administrativa así como en el control a la evasión y elusión fiscal.

Por lo tanto, ratificamos lo enviado en la carta del 28 de octubre de 2016, en la cual solicitamos, en base a la Ley Orgánica de Comunicación publicada en el Registro Oficial del 25 de junio de 2013, en el Capítulo 11, Derechos a la Comunicación, Sección 1, Derechos de Libertad, Artículo 24 Derecho a la Réplica, se publique la réplica en el mismo espacio de la noticia original y en los plazos que especifica la normativa legal.

Nota de la redacción: EL COMERCIO publica bajo protesta esta réplica, cuyos contenidos pertenecen íntegramente al SRI, para evitar las sanciones de la Ley de Comunicación. Nuestra publicación se basó en varias fuentes y en la respuesta oficial del organismo tributario, que se recogió para contrastarla.

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