Carlos Salvador
La posibilidad de un incremento del impuesto al consumo de cigarrillos ha ocasionado una fuerte reacción por parte de los trabajadores de las empresas tabacaleras, reacción comprensible pero absolutamente injustificada y a que sus dos argumentos básicos: la posibilidad de perder sus trabajos y el aumento del contrabando, carecen de fundamento.
Efectivamente, con el incremento impositivo planteado, el consumo de cigarrillos podría disminuir, en el mejor de los casos, en un 6% (según la experiencia de varios países), lo cual evidentemente no va a implicar ni la quiebra de las multimillonarias industrias tabacaleras, ni la pérdida de un solo puesto de trabajo, eso sí con la enorme ventaja que sería entre los niños y los jóvenes (por razones monetarias), donde predominará esta disminución del consumo, evitando así que ellos caigan en las garras de las más funesta y poderosa de las drogadicciones (la nicotina es la droga más adictiva que existe).
Por otra parte, cada persona que deja de fumar o en la que se evita su inicio en la adición, significa un beneficio inconmesurable para su salud y además un ahorro notable en gastos por enfermedad e invalidez que, como todos conocemos, son determinadas por el consumo de cigarrillo, gastos que significan para el Gobierno cinco veces más del que se obtiene por el concepto de impuesto al tabaco.
En cuanto al contrabando, evidentemente va a depender del control que las autoridades pertinentes ejerzan, pero la experiencia en otros países es que tiene realmente una importancia marginal respecto al volumen general de ventas del producto.
En consecuencia, el incremento al ICE implica más que un mayor ingreso presupuestario, una efectiva medida para precautelar que los niños y jóvenes ecuatorianos se conviertan en adictos de una peligrosísima droga que, además, constituye la puerta de entrada para el alcoholismo y otras drogas ilegales.