Integrantes de los ‘Guaguas’ por el Ambiente presentaron la obra El basurero. Las actividades lúdicas son importantes en el proceso de educación ambiental. Fotos: Cortesía David Torres
El Plan de Educación Ambiental 2020-2025 para la provincia de Imbabura, ubicado en el norte de Ecuador, fue presentado este jueves 12 de noviembre de 2020, en la sede de la Prefectura.
El Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de esta jurisdicción (CCLEA), que aglutina a 35 instituciones, será el responsable de su implementación. El objetivo es aplicar el manejo adecuado de los recursos naturales.
Las tareas que se desarrollarán en las áreas académica, comunitaria, pública y privados apuntan al cuidado ambiental.
Imbabura junto a Carchi y Sucumbíos, situados en la frontera con Colombia, fueron las primeras provincias del Ecuador en conformar los CCLEA, en el 2018. Estos organismos se integraron de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción.
Entre sus funciones están la elaboración del diagnóstico ambiental y el diseño e implementación del plan provincial. Éste último propone soluciones para que sean desarrolladas en escuelas, colegios y universidades.
Jaime Ortiz, viceministro de Agua, indica que la aplicación de los CCLEA se da en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible 2017-2030, propuesta por el Ministerio del Ambiente y Agua. El objetivo es impulsar una identidad y conciencia ambiental en la población ecuatoriana.
Según Danilo Silva, integrante del grupo consultor que hizo el estudio, Imbabura es la primera provincia del país que realiza este plan de acuerdo a los lineamientos del ministerio rector.
Con información actualizada identificaron la problemática ambiental de la Provincia de los Lagos y establecieron líneas de acción con posibles soluciones.
Durante el proceso organizaron talleres con docentes de escuelas y colegios, representantes de empresas privadas, sociedad civil y técnicos de las Unidades de Gestión Ambiental de los municipios de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí, quienes aportaron con información para el documento.
Hay nueve objetivos estratégicos. Uno de ellos es propiciar espacios de diálogos y reflexión ciudadanos sobre los procesos y efectos de la actividad minera. Silva considera que la población necesita ser informada de todas las acciones que suceden en su entorno para tomar decisiones.