Desde el pasado sábado 18 de agosto del 2018, el Ecuador exige el pasaporte a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Al pedido de la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, del Defensor Público, Ernesto Pazmiño y de organizaciones civiles, de que no se requiera pasaporte para el ingreso de venezolanos a Ecuador, se unió este jueves, 23 de agosto del 2018, la Iglesia Católica.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Eugenio Arellano, solicitó al jefe de Estado, Lenín Moreno, que “encargue a la Cancillería la pronta solución de todas aquellas leyes y normas que están represando a los emigrantes en las fronteras”.
Lo dijo en una rueda de prensa acompañado de René Coba, secretario de la Iglesia, y de Benavides y Pazmiño, en la víspera de que en un juzgado de Quito se analice una demanda hecha por la Defensoría para que se suspenda la medida.
A su vez, Arellano propuso que “el Gobierno del Ecuador lidere el encuentro entre los países bolivarianos de manera que cada país reconozca para la libre circulación (de personas) el documento de identidad común que se usa en su país”.
Durante la rueda de prensa, las autoridades del clero y de las instituciones públicas también lanzaron un mensaje para que la sociedad ecuatoriana no sea contaminada con posiciones, ideas o gestos xenofóbicos.
Pazmiño recordó que en Venezuela residen unos 250 mil ecuatorianos, una cantidad que supera en 50 mil a los venezolanos que residen en Ecuador. Además, sostuvo que entre la población penitenciaria del país los ciudadanos venezolanos solo representan el 0.35%.
Esta mañana, comentó Benavides, en cinco buses salieron 180 personas que permanecían en refugios de Quito con rumbo a Perú. También reclamó por la lentitud en la entrega de visas de trabajo y rechazó que el Municipio imponga multas que superan los USD 300 a quienes tratan de reunir recursos con ventas informales para continuar su periplo.
En criterio de las autoridades, la exigencia del pasaporte castiga a las víctimas de la crisis humanitaria que vive Venezuela y no a quienes lideran ese Estado. Arellano acotó que prefiere “no usar palabrotas” contra el Gobierno de Nicolás Maduro y no descartó pedir un pronunciamiento del Papa, a través de la Nunciatura Apostólica.