IESS brinda atención médica a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no tiene previsto percibir este año aportes del Estado para cubrir los gastos por atenciones médicas de jubilados y personas con enfermedades catastróficas.
Así se evidencia en su Presupuesto Consolidado 2017, que fue aprobado por el Consejo Directivo en diciembre pasado.
Según ese documento, el Estado transferirá este año USD 217 millones al IESS para pago de pensiones, seguro social campesino y un monto menor para la cobertura por riesgos del trabajo, pero no para salud.
La Ley de Seguridad Social señala que el IESS entregará prestaciones médicas a jubilados y personas con enfermedades catastróficas con el aporte del Fisco, pero no lo ha hecho desde el 2002.
Desde finales del 2015, el Gobierno sostiene que no existe deuda por atenciones médicas con el IESS, pues nunca se emitió un reglamento que defina su forma de pago.
Hasta el 2014, el IESS incluía en sus presupuestos las transferencias que debía realizar el Fisco por este concepto, pero desde el 2015 se eliminó.
En septiembre pasado, además, suprimió la cifra de sus balances financieros, lo que fue cuestionado por jubilados y empleadores. Según la entidad, la decisión se tomó tras acoger la recomendación de una comisión interinstitucional conformada por representantes del IESS y del Ministerio de Finanzas, que argumentó que no hay deuda porque nunca se emitió el reglamento.
El IESS señala que será la Contraloría, que hoy audita los balances, la que determine si esa decisión fue correcta.
Según el Presupuesto 2017, la entidad requiere de USD 7 889 millones para entregar los beneficios a los afiliados y jubilados, un 6 % más que lo previsto el 2014 (USD 7391 millones).
De ese monto, el seguro de salud, que solventa las atenciones médicas de la población cubierta por el IESS, necesita este año de USD 2 895 millones, incluidos unos USD 600 millones que la entidad tiene previsto invertir en nueva infraestructura y equipamiento.
El monto que la entidad tiene para temas de salud este año es seis veces más de lo que se requería en 2008 (USD 474 millones). Para hacer frente a esa situación, en noviembre del 2015 el Consejo Directivo resolvió reducir los ingresos que recibe el fondo de pensiones y aumentar los del seguro de salud. La medida es temporal y progresiva y termina en 2020.
A Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados, le preocupa que no se contemple el aporte para salud por parte del Estado, una obligación “que está contemplada en convenios firmados por el Ministerio de Finanzas, la ley y la Constitución”.