Lo que pase con el futuro de la entidad financiera más importante del país está en manos de la Asamblea y, por supuesto, del Gobierno. Los legisladores que analizan el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar tienen previsto reunirse hoy para elaborar el informe que se tramitará en un segundo debate.
Esta iniciativa, enviada por el Ejecutivo en noviembre del 2014, en esencia busca aplicar reformas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, con el objetivo de incluir a más gente en la cobertura del IESS y eliminar el aporte del 40% del Estado, para financiar las pensiones.
Si se ratifican estas reformas (que de hecho se aprobarán con la mayoría oficialista), el Gobierno cumplirá sus ofertas de campaña al incluir a más personas a la seguridad social (que realizan trabajo no remunerado en el hogar, principalmente) y obtendrá oxígeno financiero para aliviar sus cuentas, afectadas por la caída del precio del petróleo.
En el fondo, estos cambios no dan paso a una reforma profunda de la seguridad social y lo que más preocupa es que desde la perspectiva oficial, el Instituto ya no sería de los afiliados sino del Estado. Transcurridos ocho años del Régimen, se desconoce qué es lo que se quiere de la seguridad social en el país; se desconoce sobre la base de qué estudios técnicos actuariales se dispone eliminar el aporte del 40% y cómo se cubrirá ese faltante, con el grave riesgo de afectar su estabilidad. Aunque la Secom salió a aclarar que ese 40% se cubrirá cuando el IESS no tenga recursos.
Hoy, más de 430 000 personas reciben la pensión del IESS. Con menos plata y más gente, el Instituto deberá acudir a sus ahorros para pagar las pensiones, cuando el número de pensionistas crezca y sus ingresos ya no alcancen para pagar esos haberes. Si va por ese camino, el descalabro financiero será inminente. Y todo eso sin contar con el objetivo del sector privado de que sea el IESS el que asuma las jubilaciones patronales. Ese será tema de otro análisis.