Luego de la aprobación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el debate sobre su incidencia en la estabilidad del IESS ha tomado más fuerza, aunque ya es una ley de la República que está publicada en el Registro Oficial del 20 de abril. El debate precisamente se ha intensificado, porque hasta ahora las autoridades del Instituto y también de la Asamblea, a pesar de los ofrecimientos públicos, no divulgan los estudios actuariales a la fecha y auditados e independientes, que justifiquen que el retiro del 40% del aporte del Estado, destinado a financiar las pensiones del Instituto, no va a provocar problemas financieros a la Seguridad Social.
Pero la reflexión no solo se concentra en la eliminación del aporte estatal y si el IESS podrá atender la prestación de este servicio en los próximos 12, 23 o los años que fueren. Merece también un análisis adicional la atención para las amas de casa y si se está cumpliendo o no la Constitución en su artículo 369.
Allí se señala que las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado “se financiarán con aportes y contribuciones del Estado”. Pero en la Ley de Justicia Laboral consta que la prestación de este servicio contará con los recursos de las propias beneficiarias; aunque el Régimen argumenta que sí cumple la Constitución, porque “está contribuyendo”.
En los debates sobre el futuro del IESS (realizados en la Universidad Andina, Flacso, USFQ….), también se han planteado inquietudes relacionadas con el rol que han tenido en la aprobación de esta ley entidades como la Superintendencia de Bancos, para establecer las incidencias financieras en el Instituto.
Mientras sigue el trámite a los pedidos de inconstitucionalidad de la norma, el Ejecutivo dice que en los próximos meses tendrá listo el proyecto de nueva Ley de Seguridad Social. Ojalá allí sí se intensifique el análisis antes de aprobar la ley y no pase lo de ahora: el debate recién empieza.