En el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil se atienden los pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Un equipo de 64 auditores internos analiza los expedientes que emiten los prestadores privados de salud que mantienen convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayas.
Esa es una de las medidas que aplican las autoridades provinciales desde el año pasado, tras los procesos iniciados por supuestas anomalías en la atención a los afiliados, y que recientemente fueron confirmadas por la Contraloría General del Estado (CGE).
Las supuestas irregularidades van desde cobros excesivos, incumplimiento de los manuales de acreditación, inobservancias al tarifario de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, hasta derivaciones injustificadas. Un examen especial del organismo evaluó 173 638 expedientes, presentados por 12 clínicas y hospitales privados entre julio del 2012 y agosto del 2015. El monto por reclamos económicos desde los prestadores fue de USD 436,7 millones, pero por auditoría se objetaron USD 42,9 millones. En algunos casos, el sobreprecio llegó al 97% del valor total de la prestación, como reflejó la CGE.
Yullet Erazo, directora provincial del IESS en Guayas, dice que técnicos analizan los montos de facturación de años anteriores. “Tenemos todavía valores por pagar a los prestadores externos. Lo que se hace, en caso de detectar alguna irregularidad, es cruzar cuentas”. Ese es uno de los mecanismos de sanción que aplican.
La directora indica que han reforzado las visitas in situ, con médicos auditores y técnicos -que no se realizaban, según la Contraloría-, para evaluar si los prestadores cumplen con parámetros de infraestructura y equipamiento. “Como han incumplido, establecimos sanciones o el cierre de las clínicas que no son necesarias”.
Y aunque aún no da una cifra exacta, Erazo asegura que ya han finalizado varios convenios. Este Diario visitó cuatro clínicas en Guayaquil y se contactó vía telefónica y por correo electrónico con otras cuatro. En todas, sus directivos no hablaron sobre el informe de Contraloría, al menos hasta que sus abogados lo revisen.
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados considera que la Contraloría debe concluir el proceso administrativo del examen especial. La Asociación y sus 13 miembros inmersos en el proceso de CGE reafirman su compromiso con los usuarios.
El Hospital Alcívar emitió un comunicado en el que explica que mantiene una relación con el IESS desde octubre del 2002. En el documento se recalca que cuenta con una habilitación técnica avalada por la Subdirección Provincial de Salud Individual y Familiar del Seguro Social -encargada de agilitar los pagos-, a más pasar por las auditorías médicas de la compañía R.DES Servicios Corporativos. Ambas entidades son cuestionadas en el lapso de tiempo que abarcó el examen de la Contraloría.
“Durante el tiempo que hemos prestado servicios médicos al IESS no hemos recibido ningún reclamo u observación por las atenciones médicas realizadas”, cita el documento. Y agrega que el informe de la Contraloría contiene conclusiones que “no están en firme” y que deben seguir siendo analizadas. “Ejercemos nuestro legítimo derecho a la defensa (…). No existe hasta el momento un informe de auditoría en firme y definitivo que establezca algún tipo de responsabilidad a nuestra compañía”.
En cambio la Junta de Beneficencia de Guayaquil se refirió al tema a través de un comunicado publicado en varios diarios locales. La entidad acoge las recomendaciones de la CGE que aconseja “se realice un proceso de verificación”.
Añade que desde julio del 2012 hasta agosto del 2015 ha prestado cerca de 900 000 atenciones a afiliados, lo cual representa más de 31,5 millones de registros facturados. “Si hubiere errores comprobados, seremos los primeros en reconocerlos y aceptar su no cancelación o compensación”.
En Guayas, el IESS tuvo acuerdos con 138 prestadores. Erazo señala que en adelante reforzarán la atención en las 13 unidades médicas que tiene el IESS en la provincia, entre hospitales y dispensarios.
El examen de la CGE analizó las derivaciones de 24 424 pacientes desde el hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de Guayaquil a prestadores externos. Según el informe, “los médicos tratantes no especificaron los nombres o características de los equipos médicos, instrumental, medicinas e insumos, especialidades o subespecialidades con los que no contó el HTMC para motivar la derivación”.
Erazo enfatiza que eso ya se regularizó y como muestra da cifras actuales de derivaciones. “De enero hasta ahora hay cerca del 60% menos en derivaciones. Esto porque fortalecimos las unidades médicas, tanto en equipos tecnológicos como en profesionales”.
Por eso espera que ese porcentaje sea menor, a partir de febrero del 2017, cuando se tiene planificado terminar el hospital de Los Ceibos, que se construye con USD 201 millones y con más de 500 camas.
En contexto
El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, afirmó el 20 de julio que una nueva empresa auditora privada comenzó los estudios de los procesos económicos que se venían manejando entre las clínicas y hospitales privados y la institución de los afiliados en prestación de salud.