La entidad desinvertirá un total de USD 2 025,5 millones para cubrir sus gastos. De ese monto, el 82% será para cubrir gastos del seguro de pensiones. Foto: Julio Estrella / El Comercio
Una vez más, el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) recurrirá este año a sus ahorros para cubrir gastos, según consta en el presupuesto 2018, aprobado el 28 de diciembre pasado.
En total, la entidad desinvertirá USD 2 025,5 millones de cuatro de sus fondos.
De esa cifra, USD 1 669,6 millones se tomarán de un solo fondo: el de Invalidez, Vejez y Muerte, para cubrir gastos de prestaciones de pensiones y auxilio por funerales. El resto será para cubrir gastos por salud y otras prestaciones.
Este año, los egresos por prestaciones ascienden a USD 4 011 millones, mientras que los ingresos por aportes de los afiliados al Seguro Social apenas alcanzarán los USD 2 138,8 millones, por lo que la entidad deberá cubrir el hueco financiero con los ahorros del fondo de pensiones, que hasta julio del pasado año llegaba a USD 8 407 millones. Al menos dos factores explican esta situación, según expertos, empleadores y jubilados.
El primero es el cambio en las tasas de aporte de los afiliados, en octubre 2015, cuando se recortó la contribución a pensiones y se incrementó la de salud. Desde entonces, el aporte al fondo de pensiones bajó de 9,44 a 5,76%. Esta tasa va subiendo cada año, hasta el 2021, cuando se ubicará en 10,36%.
“Esto ya se sabía que ocurriría y comprueba que el IESS presentaría un déficit operativo anual, que se estaría cubriendo a través de desinvertir lo que ya había logrado ahorrar y que es la base que garantiza las pensiones del mañana. Esto es grave y debe ser derogado”, subrayó Omar Serrano, exvocal de los afiliados al Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (Biess).
Los empleadores coinciden con este criterio. “Desinvertir es una medida antiética y antitécnica. Están jugando con el futuro de los ahorros del Seguro”, dijo Patricio Alarcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. No obstante, aclaró que es difícil retornar a los porcentajes de contribución anteriores, puesto que el fondo de salud está “desfinanciado”.
El impacto que podría generar esta medida lo advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en septiembre del 2017, en un informe preliminar en el que alertaba sobre la sostenibilidad financiera de los fondos del Seguro.
Un segundo factor fue el cambio al aporte que realizaba el Estado para el pago de pensiones en el 2015. La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, que entró en vigencia en abril de ese año, eliminó el aporte fijo del 40% que realizaba el Estado para el pago de pensiones. La norma únicamente indica que el Fisco garantizará las pensiones “cuando haga falta”, sin precisar cuándo ni de qué forma.
Este año el aporte apenas llegará a USD 153,7 millones.
Antes de la reforma legal, los aportes estatales al Seguro Social superaban los USD 1 000 millones anuales.
Serrano cree que todas estas medidas complican aún más la situación a mediano plazo del fondo de pensiones y harán inevitable la toma de decisiones para lograr equilibrar el déficit.
Para los pensionistas y adultos mayores, el ritmo de desinversión de los ahorros del Biess evidencia que no se está manejando de forma técnica y profesional al Seguro Social. “Se están cometiendo los mismos errores desde el 2015”, señaló Édison Lima, presidente de la Asamblea de organizaciones de jubilados, pensionistas y adultos mayores del IESS.
El representante de los pensionistas considera que el Presupuesto no observa las disposición de Ley del Seguro Social, el artículo 371 de la Constitución ni de normas internacionales. Entre otros motivos, al no estar el aporte del 40% del Estado. El artículo 371 de la Constitución establece: “los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna”.
Según la exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral, la afectación más grave será para las nuevas generaciones de afiliados, porque el fondo podría agotarse y no habrá recursos para sus pensiones.
Como soluciones inmediatas, Corral considera que debe derogarse la Resolución Nº C.D 501, que cambió las tasas de aportaciones. Adicionalmente, dar financiamiento al fondo de salud –en el cual también habrá una desinversión de USD 294,9 millones– y que el Estado cancele al IESS la deuda de USD 2 900 millones, por atenciones médicas.
El presidente de la Cámara de Comercio de Quito recalcó que se debe hacer un cálculo actuarial de todos los fondos y una auditoría externa del Biess para conocer en qué se han utilizado los fondos. “El Estado no puede volver a utilizar al IESS como su caja chica”.
De acuerdo con Rodrigo Ibarra, presidente ejecutivo de la consultora actuarial Actuaria, la medida más sencilla, aunque de difícil aplicación por la situación de la caja fiscal, es restituir el aporte estatal del 40% o el porcentaje que definan estudios actuariales.
Añadió como otras posibles acciones para incrementar los ingresos: un aumento en la tasa de aportación, un incremento en los requisitos de jubilación (mayor edad y mayor tiempo de afiliación) y aumentar el período de los sueldos de aportación que se considera para determinar la pensión.
Caso contrario, el patrimonio del fondo de pensiones se consumirá en seis años.
“El patrimonio del fondo de pensiones que era de USD
9 247 millones en el 2016, bajó a USD 7 773 millones en el 2017, estimando que se consuma en su totalidad en el año 2023”.
Este Diario solicitó el 29 de diciembre una entrevista con el presidente del IESS, Jaime Garzón. También envió el viernes pasado un cuestionario, pero no hubo respuesta. La entidad, sin embargo, ha sostenido que las decisiones tomadas fueron con base en estudios actuariales y que no afectan la sostenibilidad del IESS.
En contexto
Desde el 2015, el IESS viene tomando sus ahorros para financiar los gastos de pensiones. La decisión obedece a una reducción en los ingresos que percibía, entre otras causas, por el retiro del aporte del Estado del 40% para el pago de pensiones.
